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El PSOE apoyará el pacto con EEUU sobre la base de Morón

Los socialistas votarán el acuerdo "por coherencia", pese a la falta de garantías de empleo

Soldados españoles del Ejercito del Aire desfilan en presencia de una formación de soldados del cuerpo de Marines norteamericanos en la base sevillana de Morón.
Soldados españoles del Ejercito del Aire desfilan en presencia de una formación de soldados del cuerpo de Marines norteamericanos en la base sevillana de Morón.

El acuerdo alcanzado con EE UU para convertir la base de Morón de la Frontera (Sevilla) en sede permanente de la Fuerza de Reacción del Cuerpo de Marines, con un máximo de 2.200 efectivos, obtendrá mañana jueves un amplísimo respaldo en el Congreso, después de que el PSOE haya vencido sus reticencias iniciales y haya decidido dar su apoyo, pese a la falta de garantías en materia de empleo. “Lo vamos a votar por coherencia y porque es bueno para la seguridad de España”, afirma el portavoz socialista Diego López Garrido.

Las declaraciones, el pasado 2 de junio, del secretario general del Grupo Socialista del Congreso y coordinador de los parlamentarios andaluces, Miguel Ángel Heredia, advirtiendo de que el PSOE no votaría la reforma del convenio de Defensa con Washington sin “un compromiso concreto” en materia de empleo encendió las alarmas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Embajada de EE UU en Madrid. No porque la mayoría absoluta del PP, que cuenta con el apoyo de CiU y el PNV, no sea más que suficiente para sacarlo adelante, sino porque un desmarque del principal grupo de la oposición arrojaba un sombra de incertidumbre sobre la posibilidad de que el acuerdo fuera revisado tras las próximas elecciones.

De hecho, el Gobierno ha impuesto la máxima celeridad a la aprobación del denominado Tercer Protocolo de Enmienda al convenio entre España y EE UU, que se tramita por vía de urgencia y en lectura única, ante la posibilidad de que la composición del próximo Parlamento pueda ser menos favorable. El texto prevé el despliegue en Morón de 2.200 militares y 500 civiles, así como 21 aeronaves; que podrán reforzarse con 800 militares y 14 aeronaves más en caso de crisis.

Tras una “reflexión interna”, el PSOE ha decidido darle su apoyo, “por coherencia”, según el portavoz socialista en la Comisión de Defensa, Diego López Garrido, quien recuerda que el actual convenio se firmó en 1988, con el Gobierno de Felipe González, y que su partido aprobó las dos enmiendas anteriores. “El hecho de que Estados Unidos conceda mayor importancia estratégica a la base de Morón en una coyuntura en la que ha aparecido con mucha fuerza una nueva amenaza [en alusión al Estado Islámico] hace que las razones de seguridad ganen peso”, razona López Garrido, “y el acuerdo es bueno para la seguridad de España, para la de Estados Unidos y de todos los aliados”.

Eso no le impide criticar la forma en que el Gobierno ha negociado con Washington. “sin contar con el PSOE”, ni su “falta de compromiso con la situación de los trabajadores españoles de la base”. En Morón, recuerda, ha habido tres ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) que han afectado a 240 trabajadores y “no queremos que haya más. Vamos a pedir al Gobierno una mayor implicación en materia de empleo que esperamos que asuma”, concluye.

La semana pasada, Miguel Ángel Heredia preguntó en el Congreso al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo por los beneficios del acuerdo sobre Morón y éste contestó que “supone la inversión de 29 millones de dólares que, sin duda, repercutirán en la creación de empleo”.

La inversión no figura en la reforma del convenio que votará el Congreso sino en un documento suscrito por los departamentos de Defensa, que no se ha hecho público. Se trata de una declaración, que no es jurídicamente vinculante, en la que se dice que el Pentágono está considerando proyectos de infraestructuras en Morón por valor de 29 millones de dólares en los años 2015 y 2016 y que EE UU contratará a personal y empresas españolas, “siempre que sea posible, de acuerdo con las leyes y regulaciones estadounidenses”.

Pese a sus limitaciones, López Garrido reconoce que este acuerdo supone un compromiso político y “un cierto avance”.

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