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¿Cuánto vale una mala operación?

Los médicos defienden un baremo de daños sanitarios como el de accidentes de tráfico

Operación quirúrgica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ampliar foto
Operación quirúrgica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Una operación quirúrgica puede ir mal. Se cometen errores, hay olvidos, el resultado no es el esperado. El Ministerio de Sanidad carece de datos oficiales, pero los expertos aseguran que están aumentando los juicios por mala praxis sanitaria. Un paciente acaba con una lesión o secuela. Reclama. No sabrá qué indemnización le corresponde hasta que haya sentencia o hasta que la administración sanitaria correspondiente resuelva su caso. Porque una misma lesión, en una persona de características similares, se puede valorar el doble o el triple en Madrid que en Asturias. O al revés. La disparidad de criterios es absoluta. Los médicos llevan dos décadas intentando acabar con ella: defienden la creación de un baremo que clasifique y puntúe los daños.

Así sucede con los accidentes de tráfico. Hace 20 años que existe un baremo obligatorio para calcular la cuantía de una indemnización por la secuela de un accidente. A cada lesión se le otorga un número de puntos, y el valor de un punto se actualiza cada año en el BOE. Perder un diente, un punto. Perder un testículo, entre 20 y 30. La anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, encargó a un grupo de expertos la elaboración de un baremo de daños sanitarios. Proponen que sea complementario del de tráfico, pero añadiendo secuelas que este no contempla porque nada tienen que ver con accidentes: por ejemplo, un bebé que nace con un problema por una mala praxis durante el parto, que una mujer pierda el útero durante una intervención ginecológica, el mal resultado de una operación de cirugía estética...

En caso de mala praxis médica, los jueces usan en ocasiones, por analogía, el baremo de accidentes de tráfico, explica Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Pero en muchos casos depende de la apreciación discrecional de cada uno. “El baremo que hemos elaborado pretende acabar con las situaciones de incertidumbre”, asegura. Tanto de los perjudicados, los pacientes, como de los médicos. “Las reclamaciones en el ámbito sanitario son crecientes. Es una tendencia generalizada en todo el mundo y se ha convertido en un problema serio en Italia y Reino Unido, donde la medicina defensiva empieza a ser cada vez más habitual”, añade.

Especialidades con más reclamaciones

¿Cuántas reclamaciones por mala praxis sanitaria ponen los pacientes al año en España? ¿Cuántas ganan? ¿En qué especialidades? ¿Están aumentando? Una estadística centralizada daría respuesta a estas preguntas, pero el Ministerio de Sanidad carece de ella. Ni siquiera los expertos cuentan con información fiable. “Con las transferencias sanitarias dejó de haber datos”, explica César Borobia. “Hace unos años solo el 10% de las denuncias prosperaban”. Las compañías aseguradoras tampoco revelan sus estadísticas, pero AMA, mutua especializada en profesionales sanitarios, dio algún dato el mes pasado en un encuentro sobre responsabilidad civil del médico. Las especialidades más reclamadas son, por este orden: cirugía plástica (14,22%), ginecología (3,26%), estética (3,15%), traumatología (2,86%), neurocirugía (2,72%), cirugía general (2,41%) y oftalmología (2,15%).

Cada vez se hacen más pruebas diagnósticas, necesarias o innecesarias, lo que genera más gasto para los sistemas sanitarios, coinciden los expertos consultados. “Los médicos intentan protegerse de cualquier reclamación posterior”, dice Sánchez Fierro. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, pone otro ejemplo de medicina defensiva: las cesáreas.

“Incluso los mejores sistemas sanitarios no son seguros: hay errores, descuidos, cansancios”, enumera Sendín. Por eso tiene que haber medidas para prevenirlos, para evitar los riesgos, “y es muy difícil conseguirlo si los sanitarios viven bajo la amenaza de la pena de banquillo y la pérdida de reputación”. Un baremo automatizaría en buena medida el proceso de indemnización, lo haría más equitativo, evitaría tener que recurrir tanto a la justicia y acortaría muchos litigios. Además, opina Sendín, ayudaría a identificar errores y mejorar la seguridad: “Cambiaría la cultura del reconocimiento de errores, que ahora es de ocultación”.

“No es igual un enfermo a otro. Con un baremo no tendremos total uniformidad de criterio, pero sí una horquilla, una referencia. Las circunstancias personales lo modularán”, explica César Borobia, director de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Universidad Complutense. En su opinión, la gran aportación del baremo — en cuya elaboración han participado todas las profesiones sanitarias, las siete sociedades científicas de las especialidades con más reclamaciones, juristas, profesores universitarios...— es que “dará seguridad jurídica y tranquilidad sobre todo al perjudicado, que sabrá qué es lo que tiene que reclamar, y al profesional, que se manejará en unos límites conocidos”. “Si el error está demostrado el arreglo puede ser mucho antes y quizá ni se judicializa”, añade.

Reclamación histórica

El baremo de daños sanitarios es una reclamación histórica del sector. Rodríguez Sendín asegura que ha participado ya en siete comisiones de expertos, pero que por alguna razón “siempre se acaba paralizando”. En esta ocasión, la comisión trabajó durante dos años y medio por encargo de la anterior ministra. Entregó su informe en octubre pasado y estaba previsto aprobarlo dentro del proyecto de ley que regula el nuevo baremo de los accidentes de tráfico, en plena tramitación en el Congreso de los Diputados. “El nuevo equipo del ministerio asegura que no lo va a incluir por razones técnicas, y es un grave error”, dice Sendín.

Sánchez Fierro asegura desconocer qué va a ocurrir esta vez con la regulación del daño sanitario, pero recuerda que el Parlamento Europeo aprobó en abril pasado una resolución en la que requiere a los Estados miembros que aprueben este tipo de baremos indemnizatorios. El Ministerio de Sanidad no respondió a las preguntas de EL PAÍS sobre su aprobación. Se limitó a señalar que el PP ha presentado una enmienda al proyecto de ley en la que menciona la “futura” regulación.

 

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