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El juez deja libre a Olivas por el fraude en el crédito a Grand Coral

El expresidente de la Comunidad Valenciana y de Bancaja deberá comparecer cada 15 días en el juzgado

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González dejó en libertad este miércoles a última hora a José Luis Olivas, expresidente de la Comunidad Valenciana y de las entidades crediticias Bancaja y Banco de Valencia, ya extinguidas. El magistrado le interrogó durante varias horas por el crédito fraudulento que dio a los constructores Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldos, amigos suyos, para financiar diversas promociones inmobiliarias en el Caribe mexicano a través de la sociedad Grand Coral, que provocaron un agujero de 220 millones de euros. Otros 140 millones de euros fueron desviados a cuentas de los empresarios en Suiza y Andorra. Tras pasar dos días detenido por la Guardia Civil, Olivas quedó en libertad después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara para él únicamente comparecencias quincenales en el juzgado más próximo y le retirara el pasaporte.

Olivas, el hombre que atesoró más poder político y económico en Valencia tras suceder a Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat y situarse después en el principal centro financiero de la comunidad, salió de la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones a las 23.00. También salieron en libertad el exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y el ex director internacional de Negocios de la entidad Julián Dolz.

Peor suerte que ellos corrieron los empresarios Ferri y Baldós y los ejecutivos de las entidades crediticias José Cortina (ex director general adjunto de Bancaja) y Aurelio Izquierdo (ex director general adjunto de Bancaja). Los dos primeros ingresaron en prisión incondicional, mientras que los exdirectivos también fueron conducidos a Soto del Real pero podrán eludir la cárcel si depositan una fianza de 500.000 euros.

La investigación de la Guardia Civil atribuye a Olivas y los demás banqueros el haber otorgado préstamos a empresarios amigos por importe de 500 millones de dólares, pese a que estos solo exhibieron como garantía avales que sumaban la mitad de ese dinero. Según las pesquisas, concedieron esos créditos obviando el procedimiento interno bancario para la concesión de créditos.

Una vez que los bancos detectaron que los prestatarios incumplían los plazos y no iban a devolver el dinero, en lugar de activar el procedimiento y ejecutar los avales, decidieron entrar a formar parte del accionariado de las empresas deudoras. Y además tales empresas, ya con los bancos como accionistas, realizaron inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano de dudosa solvencia.

De las operaciones caribeñas salieron los 140 millones que luego, a través de un conglomerado de firmas, desviaron a paraísos fiscales de Andorra y Suiza Las inversiones en el Caribe se hicieron a través de la sociedad Grand Coral. Los detenidos crearon sociedades interpuestas que incrementaron sustancialmente el precio de las operaciones. Y supuestamente se quedaron con la diferencia entre el coste real y lo finalmente abonado por las entidades. De esas plusvalías salieron los 140 millones, según las pesquisas.

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