Un pueblo contra la última recalificación agrícola de Cospedal

Al sur de Albacete, rozando ya con Murcia, hay un puñado de hectáreas en las que lo único que hay sembrado son piedras tan grandes como melones. Se trata de una de las fincas que la familia de la diputada nacional del PP Maravillas Falcón tiene dentro del término municipal de Hellín. Estos terrenos, de un día para otro, han pasado a multiplicar su valor gracias a un decreto aprobado en el último minuto por el Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP).

La Junta de Castilla-La Mancha, ya en funciones, ha decretado que el cambio de secano a regadío de estas tierras se considere de "interés regional". La consecuencia directa es que se les abre la puerta a los propietarios para tener agua para regar, el bien más preciado en esta zona. El agua es dinero en el valle de Hellín.

José Manzanedo sostiene entre sus manos la rama de un albaricoque. Las hojas están amarillentas. Este agricultor y presidente de los regantes del Mayorazgo de Agramón culpa a la salinidad del acuífero que utilizan para sus cultivos. Muestra los análisis que encargaron al Instituto Técnico Agronómico Provincial en los que se señalaba que el agua tiene una "salinidad muy alta, que en muchos casos no es apta para el riego". Es un agua muy dura.

A los 353 pequeños regantes que existen ya en la zona, que disponen de una superficie de 886 hectáreas y de la declaración de interés desde hace décadas, les ha enervado la recalificación decretada por el equipo de Cospedal en el último minuto. Aspiraban a que, para compensar la salinidad de sus aguas, la Confederación Hidrográfica del Segura les concedieran los 2,4 hectómetros cúbicos de agua que, en principio, pueden ir a las nuevas zonas de regadío amparadas por la Junta. "Rechazamos que se amplíen los regadíos sin que se solucionen antes los problemas de salinidad", resume Alfredo del Oro, otro agricultor de la zona y presidente de la comunidad de regantes de La Horca-Agramón.

La recalificación respaldada por el PP supone que 862 hectáreas de secano en la pedanía de Cancarix pasen a ser consideradas de regadío. Aproximadamente el 10% de ese terreno es propiedad de la familia de la diputada Falcón, que ha achacado la polémica creada a los intereses electorales del PSOE. Los socialistas, que la semana que viene volverán a gobernar en Castilla-La Mancha, van a revisar el expediente de declaración de interés regional ante la sospecha de que se haya podido infringir alguna norma. Prometen derogar el decreto si aprecian cualquier punto dudoso.

"Aquí estamos acostumbrados a ver pasar el agua sin que se quede", comenta el recién elegido alcalde de Hellín, Ramón García (PSOE), para explicar el cabreo de los agricultores de su municipio. Expone el problema de la recalificación como una lucha entre gigantes y pequeños propietarios. A un lado están esos 353 regantes, que poseen de media entre una y tres hectáreas que les ayudan a completar los ingresos familiares. "Las tierras pasan de padres a hijos", indica. Al otro lado, la Sociedad Agrícola de Transformación Regadíos del Sur de Hellín, que ha conseguido la recalificación y está formada por "grandes propietarios que no explotan las tierras o las arriendan".

"Diez empresas tienen el 90% de las 862 hectáreas de secano que pasan a regadío", señala José Manzanedo. Este agricultor se queja de que en las zonas que ellos ya poseen en regadío, pero que captan de los acuíferos, solo pueden tener olivar por la mala calidad del agua. "El valor de una finca se multiplica por diez al pasar de olivar a frutales", explica.

Últimos trámites

Desde la Confederación Hidrográfica del Segura explican que los 2,4 hectómetros de agua que podrán recibir las 862 nuevas hectáreas de regadío estaban condicionadas a que fueran declaradas de interés regional. Además, sostienen que los 353 pequeños regantes que ya existen en la zona no solicitaron esa concesión de agua.

Ahora, los propietarios de las 862 hectáreas tendrán que presentar la declaración de interés general. "Cuando llegue se estudiará y se decidirá si se da el siguiente paso: enviarlo para que el Ministerio de Agricultura para que lo autorice", indican fuentes de la confederación. Luego, los propietarios tendrán que acometer las obras para que el agua llegue hasta sus parcelas, cuyo coste ronda los cinco millones de euros.

La diputada Falcón ha defendido que, cuando las fincas estén ya en regadío, se crearán alrededor de 200 puestos de trabajo en la zona. "Ojalá se crearan 200 puestos", dice el alcalde Hellín, "pero el que hay ahora en las grandes fincas de regadío es precario y muchos vienen de Murcia".