El juez mantiene la imputación a los exconsejeros del ‘caso Púnica’

El exconsejero de Presidencia de Madrid Salvador Victoria ha obligado al juez Eloy Velasco a paralizar el interrogatorio previsto para hoy en el caso Púmica porque cuando lo citó como imputado todavía estaba aforado. Victoria, enunció a su cargo de consejero y al acta de diputado autonómico después de que se conociera la citación judicial, ha comparecido en la Audiencia Nacional, pero antes de empezar el interrogatorio ha alegado el defecto de forma y Velasco ha accedido a suspender la cita. La estrategia le ha servido solo para posponerla unas semanas porque el juez ha señalado esta misma mañana una nueva comparecencia como imputado del exconsejero para el próximo 20 de julio a las 10 de la mañana. 

Después del interrogatorio de Victoria estaba previsto el de la exconsejera de Educación Lucía Figar, que podía haber alegado la misma razón que su compañero para aplazar la cita. Pero la exconsejera ha optado por declarar y se ha sometido al interrogatorio de Velasco. TRas declarar durante una hora y media, el juez le ha mantenido la imputación por prevaricación y malversación, pero no le ha impuesto medidas cautelares.

Victoria y Figar son, de momento, los dos últimos imputados del caso Púnica, en el que investigan hasta tres tramas de corrupción distintas que se enriquecieron durante años a la sombra de la administración autónoma.

La investigación judicial arrancó tras una iniciativa de la Fiscalía suiza, que remitió a España en diciembre de 2013 información detallada sobre la fortuna que ocultaba en un banco de ese país el político Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP-Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción puso el asunto en manos del juez Eloy Velasco, quien durante meses investigó en secreto el patrimonio del exconsejero y de su principal socio y amigo, el constructor David Marjaliza, mediante intervenciones telefónicas y diversos seguimientos. Ocho meses después ordenó la detención de los principales implicados, entre los que estaban Granados, Marjaliza, seis alcaldes del PP, uno del PSOE y varios empresarios.

Uno de los hilos de la investigación destapó la existencia de prácticas supuestamente ilegales en la Comunidad de Madrid relacionadas con servicios en Internet que prestaban dos empresas, Eico y Madiva, propiedad de Alejandro de Pedro.

Figar y Victoria, según la investigación judicial, dedicaron dinero público de sus departamentos a contratar los servicios de dos empresas de Alejandro de Pedro, quien les prometía mejorar su imagen y contrarrestar informaciones negativas a través de diversos servicios en la red. El juez sospecha que esas prácticas son ilegales y que podrían suponer una malversación de fondos públicos, por lo que ha citado a los dos exconsejeros para aclarar los expedientes de gasto que firmaron a favor de las empresas Eico y Madiva, ambas propiedad de Alejandro de Pedro.

Empleados de esas dos empresas que han declarado ante el juez Velasco como testigos explicaron los métodos que utilizaban para mejorar la imagen de los políticos que contrataban sus servicios. Creaban diarios digitales donde metían informaciones positivas de sus clientes y las difundían a través de cientos o miles de cuentas en Twitter. Con ese empeño, intentan convencer a los políticos que les contrataban del efecto inmediato que lograban. Los trabajadores pusieron como ejemplo de las tareas que les encomendaron varios escándalos que afectaban al presidente de la Comunidad, Ignacio González, por la adquisición de un ático en Estepona; o a la consejera de Educación, Lucía Figar, por haberse beneficiado personalmente, pese a sus altos ingresos, de ayudas económicas públicas para los estudios de su hija.

En el caso de Salvador Victoria, la investigación también ha encontrado supuestamente contratos con las empresas de De Pedro para contrarrestar informaciones que pusieron en duda su gestión y, además, le vincula a diversas operaciones con la empresa Indra, contratista de la Comunidad de Madrid, para que pagara con dinero negro servicios de las sociedades Madiva y Eico con las que el Gobierno autonómico se hacía propaganda en la red.