La juez militar remite la muerte del cabo Soria a la Audiencia Nacional

La jurisdicción militar, que abrió diligencias previas a raíz de la muerte del cabo Francisco Javier Soria Toledo, el pasado 28 de enero en Líbano por un proyectil de la artillería israelí, se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11 ha dictado un auto en el que decreta “la inhibición de las presentes actuaciones en favor de la jurisdicción ordinaria y, consiguientemente, proceder a la remisión de las mismas al Juzgado Central de Instrucción Decano de la Audiencia Nacional que parece, en principio, como competente para su tramitación”.

La remisión del caso a la Audiencia Nacional fue solicitada por el abogado Mariano Casado, que representa a los padres del militar fallecido, ante la imposibilidad de que la justicia militar pudiera investigar las circunstancias que rodearon su muerte.

La ley de competencia de la Jurisdicción Militar le atribuye la competencia sobre los delitos en los que se vean envueltos unidades españolas desplegadas en el exterior, pero solo cuando el inculpado sea español, lo que en este caso ya está descartado.

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El fiscal militar se pronunció también en favor de la inhibición, alegando que “los hechos expuestos [la muerte del cabo Soria “como consecuencia de impacto de proyectil lanzado en el seno de las hostilidades entre Israel y Líbano”] no constituyen delito alguno de los contemplados en el Código Penal Militar” español. Aunque el fiscal añadía que, “según el Estatuto de la Fuerza aplicable a las tropas españolas desplazas en el Líbano como miembros de UNIFIL [Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano]”, la jurisdicción competente sería “la del Estado al que pertenezca el presunto responsable” —es decir, Israel—, admitía que, en este momento, “no se está tramitando ningún procedimiento por juzgado o tribunal alguno”, lo que dejaría impune la muerte del cabo Soria si la Audiencia Nacional no asumiera la investigación.

La juez evita señalar en su auto a los presuntos responsables del bombardeo de la posición 4-28, en la que murió el casco azul español, en el límite entre Israel y Líbano, y se limita a recordar que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Audiencia Nacional “el conocimiento de los hechos cometidos por españoles o extranjeros, fuera del territorio nacional, siempre que sean susceptible de ser tipificados, según la ley española, como terrorismo o atentado”.

El traslado de la investigación a la Audiencia Nacional no garantiza que esta vaya a prosperar, sobre todo después de que la reforma de la jurisdicción universal haya atado las manos de los jueces españoles y provocado el archivo de numerosas causas, incluida la relativa a la muerte del cámara de Tele 5 José Couso por disparos de un tanque estadounidense durante la invasión de Irak en 2003.

Sin embargo, al contrario que en esos casos, la investigación sobre el ataque a la posición 4-28 es aún en una fase incipiente (la jurisdicción militar se ha limitado a poco más que recibir el atestado policial y la autopsia), por lo que su eventual archivo resultaría, como mínimo, prematura.

Ni siquiera se han incorporado a la causa los informes elaborados por Naciones Unidas, el Ejército español y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El primero atribuía la muerte a “los disparos que fueron efectuados por las Fuerzas de Defensa de Israel hacia el territorio de Líbano, como represalia” por los cohetes lanzados por la milicia chií Hezbolá. “Este incidente”, subrayaba el informe, “se produjo en un puesto de las Naciones Unidas cuyas coordenadas son bien conocidas por las Fuerzas de Defensa de Israel”.

La propia investigación del Ejército israelí, en la que colaboraron dos oficiales del Regimiento de Artillería de Campaña de Burgos, admitió que el proyectil de 155 milímetros que mató al cabo Soria salió de una de sus baterías y lo achacó a un error. En su comparecencia en el Congreso, el pasado 14 de abril, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, aseguró que la muerte del cabo Soria fue el resultado de “una cadena de errores y negligencias” y aseguró que así lo ha asumido “formalmente por escrito” el Ejército israelí.

Sin embargo, ninguno de estos informes ha sido remitido al juzgado militar y tampoco al Congreso, con el argumento de que tienen carácter secreto.

Morenés calificó de “éxito absoluto” el hecho de que Israel aceptara “por vez primera su responsabilidad” en un suceso de este tipo y que admitiera “hacer frente a las indemnizaciones que se deriven de ello”. Sin embargo, la madre del cabo, Margarita Toledo, rehaza que la muerte de su hijo se zanje con una compensación económica y exige que se investigue a fondo y se castigue a los responsables.