Editores y periodistas se oponen a la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Editores de diarios y asociaciones de periodistas se han unido por primera vez  contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la toma de imágenes de detenidos. Denuncian que esta restricción es "una grave lesión al derecho a la información y un ataque al trabajo de los profesionales y de los medios de comunicación".  El alejamiento de periodistas y fotógrafos de edificios de juzgados y comisarías y la posibilidad de que los medios que publiquen esa imágenes sean sancionados, son "nuevas trabas" al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por Constitución.

Para intentar evitar que prospere la enmienda incorporada por el PP han solicitado al Senado, donde se tramita actualmente el texto legislativo, que la rechace. El nuevo artículo añadido en el Congreso a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sostiene que en cuanto a las detenciones "se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.

La Asociación de Editores de Diarios (AEDE), la federación de asociaciones de la prensa (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y varios  colegios profesionales de periodistas han firmado un documento de rechazo a la reforma por considerar que atenta contra la libertad de información. Editores y periodistas muestran su preocupación por la "inseguridad jurídica" que la reforma genera tanto en los profesionales como en los medios de comunicación.

El texto reivindicativo expone que la reforma ha originado "una gran inquietud entre los periodistas, fotorreporteros y los medios de comunicación en general, en cuanto al fondo de la cuestión". Señala que se pone en peligro el derecho constitucional a la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicación que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos.

"Las organizaciones que suscribimos esta declaración consideramos que los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta deben tener en consideración este aspecto ante una previsible inconstitucionalidad de la futura ley. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen".

Editores y periodistas recuerdan  que no se precisan algunos aspectos, considerados faltas graves, en la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayoría de las fuerzas políticas, como es el caso del uso de imágenes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. "La  inclusión del referido párrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial".

Añaden que, además de los códigos deontológicos, la legislación vigente ya contempla medidas y penas si se dieran casos de haber lesionado derechos al honor, la intimidad o la imagen de las personas.