Andalucía prohibirá por ley el copago en sus servicios sanitarios
La norma obliga a destinar a salud un 6,5% del PIB y blinda la prestación como derecho
El copago sanitario en el ámbito de la Junta de Andalucía quedará prohibido por ley y se establecerán medidas para evitar o paliar los efectos en los pacientes de aquellos que imponga el Gobierno central. La prestación de los servicios también quedará garantizada como pública y se destinará hasta un 6,5% del PIB regional a salud. Son los principales aspectos de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, cuyo anteproyecto ha recibido hoy luz verde del Consejo de Gobierno tras el informe del nuevo consejero, Aquilino Alonso.
La norma, que se prevé que entre en vigor a partir del primer trimestre de 2016, es una de los compromisos fundamentales avanzados por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su sesión de investidura y da carácter de derecho legal a los servicios sanitarios que se prestan en Andalucía, “independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad”.
La prohibición del copago beneficia a las prestaciones incluidas en la cartera complementaria andaluza, ya que la básica viene determinada por el Estado. No obstante, si el Gobierno central restringe o establece un precio para los servicios actualmente incluidos, la norma “faculta” a la Junta de Andalucía a “arbitrar las medidas necesarias orientadas a minimizar el impacto en la ciudadanía”. Esta medida implica tanto a los servicios como a los fármacos, para los que se mantienen por ley la obligación de buscar la mayor eficiencia a menor coste.
El copago en farmacia aplicado en 2012 a determinados medicamentos, ya fue aminorado por la Junta, que evitó que los pensionistas andaluces pagaran 100 millones de euros por gasto farmacéutico. A partir de ahora, estas medidas quedarán recogidas en una ley y no sometidas a la voluntad política del Gobierno autonómico de turno, que tendrá que modificar la norma si quiere aplicar medidas como la establecida por el Ejecutivo central.
La Junta recurre al Constitucional la licencia única deportiva
El Consejo de Gobierno ha ratificado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los dos preceptos de la Ley 15/2014, de Racionalización del Sector Público, que implantará la licencia deportiva única a partir de su entrada en vigor el próximo 1 de julio. La Junta considera que esta medida conllevará graves perjuicios, especialmente en el deporte base, con una bajada prevista de más del 50% en las licencias autonómicas, la eliminación de más de 200 empleos y una reducción de entre cinco y seis millones de euros en los ingresos de las federaciones de la comunidad.
A juicio del Gobierno andaluz, el artículo 23 de esta norma estatal –que modifica la Ley 10/1990 del Deporte– supone una grave injerencia en las competencias autonómicas exclusivas sobre la materia, al establecer una licencia única para participar en cualquier competición oficial con independencia de su ámbito territorial y atribuir su expedición directamente a las federaciones deportivas.
Entre otros perjuicios, los más de 500.000 deportistas federados andaluces tendrán que abonar ahora una cuota a la correspondiente federación española, supeditada a los criterios económicos que ésta determine, aunque no compitan a nivel nacional. La legislación vigente, con más de 35 años de aplicación, limita este pago sólo en caso de participación en competiciones de ámbito estatal.
Que la ley recoja los servicios como “derechos de la ciudadanía” supone garantizar a los pacientes el acceso a su historial y a los servicios reconocidos, la universalidad de la asistencia y la obligatoriedad de mantener las prestaciones como públicas. Entre las medidas incluidas como derechos se encuentran la segunda opinión médica, la libre elección de facultativo, los cuidados paliativos, el consejo genético y la medicina predictiva.
La norma también incluye medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema, como un mínimo de inversión equivalente al 6,5% del PIB. El presupuesto vigente del Servicio Andaluz de Salud se eleva a 7.763.892.000 euros, el 6 % del PIB. La aplicación de la norma a partir del próximo ejercicio supondría un incremento de 38,8 millones de euros.
Además, la financiación será con carácter finalista (por lo que no se podrán detraer inversiones para otros capítulos) y los “ingresos que resulten en el sistema sanitario público por su actividad en investigación, desarrollo e innovación, entre otros, se revertirán en el propio sistema”.
En cuanto al gasto en farmacia, la futura ley garantizará el uso racional, la prescripción por principio activo, la selección pública de medicamentos y la selección, adquisición y uso de las alterativas terapéuticas equivalentes más eficientes. También se incluirá en la norma la obligatoriedad de hacer públicas las subvenciones, ayudas e incentivos a la industria farmacéutica,
Los bienes y servicios adquiridos también tendrán una regulación específica para garantizar que sean homogéneos en todos los servicios y se realizarán a través de centrales de compras.
La norma se complementará con una memoria económica, un Plan de Gestión del Sistema Sanitario Público de Andalucía -que incluirá las directrices, necesidades de recursos humanos y materiales, líneas estratégicas de formación, investigación y financiación para un periodo de cuatro años-, un Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud y otro de Formación Continua y Excelencia para los profesionales.
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