Andalucía comprará a los bancos las casas de desahuciados
La Junta aprueba las primeras medidas contra desalojos y destina 3 millones a becas
El nuevo Gobierno andaluz de Susana Díaz se ha estrenado este viernes con la aprobación de medidas contra los desahucios, becas para los títulos de idioma universitarios y el rechazo a la proposición de ley sobre Cuentas Abiertas presentada por Podemos y a la de Cámara Cuentas promovida por IU. La primera actuación permitirá a la Junta de Andalucía comprar casas cuya hipotecas sean ejecutadas por los bancos y que afecten, en determinadas zonas, a familias en riesgo de exclusión social y sin alternativas. En Cataluña, una norma similar, presupuestada con entre ocho y diez millones de euros, ha permitido captar 1.404 pisos en 45 días, según informó el consejero de Territorio, Santi Vila. Díaz también ha convocado la próxima semana a la patronal y sindicatos para fijar prioridades económicas, en materia de empleo y sobre criterios para una "recuperación justa".
Desahucios
La norma de protección de usuarios con créditos hipotecarios sobre vivienda, que podría entrar en vigor a finales de año, permite a la Administración ejercer el derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución. Una vez adquirida la casa, al precio que establezcan los juzgados en su última fase, se facilitará a la familia afectada con un alquiler social.
El Plan Autonómico de Vivienda establecerá las zonas donde se aplicará y las condiciones de las familias que podrán beneficiarse de esta medida, que se fijarán en función de la situación social y económica de las familias, la demanda de vivienda, las características de los inmuebles y la incidencia de los desahucios en las áreas previstas. No obstante, se estudiarán los casos que se produzcan en zonas distintas a las establecidas.
La Junta comenzará a ejercer el derecho de compra preferente al final del proceso de ejecución hipotecaria, una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial de la vivienda y su adjudicación. La medida se llevará a cabo en un periodo de 60 días naturales contados a partir de la notificación de la transmisión del inmueble al nuevo adjudicatario.
Rechazo a propuestas de Podemos e Izquierda Unida
El Consejo de Gobierno ha rechazado la tramitación de las primeras proposiciones de ley de esta legislatura, presentadas por Podemos y por Izquierda Unida.
La Junta ha argumentado que la Ley de Cuentas Abiertas presentada por Podemos vulnera “la normativa vigente de protección de datos personales”, por la implicación de particulares y terceros en las relaciones bancarias con la Administración, y exigiría un aumento de créditos presupuestarios para poder llevarla a cabo.
Según la Junta, los datos de la Administración están disponibles en la web de la Consejería de Hacienda, donde figura la información sobre la ejecución del presupuesto anual y la situación y movimientos de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
También ha rechazado el Gobierno andaluz la tramitación de la proposición de ley relativa a la Cámara de Cuentas presentada por IU porque implicaría aumentar créditos en personal y contrataciones externas para llevarla a cabo y plantea modificar el régimen de personal con un estatuto propio que podría suponer una mejora de las condiciones de este colectivo respecto del resto de trabajadores públicos.
El Gobierno andaluz abonará los costes asociados a la operación, salvo los derivados de la cancelación de hipotecas, que deberán ser asumidos por las entidades financieras.
La norma obliga a los bancos, los órganos judiciales y a los registros a comunicar los documentos relativos a la transmisión de la vivienda en subasta judicial o las órdenes de lanzamiento.
También prevé la ley una ampliación de las multas por prácticas irregulares e incluye multas de entre 30.001 a 120.000 euros por la no devolución por parte de los promotores de las cantidades entregadas a cuenta por los adjudicatarios.
Esta norma se complementa con el anteproyecto sobre derechos de usuarios de créditos, que prevé la creación del Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias dentro de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía. Este organismo instará a los bancos a regirse por el sistema de mediación y a aportar la información necesaria a los consumidores.
El proyecto incluye la creación del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios para atender de forma personal a familias en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión social y las que no pueden afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias o de arrendamiento.
Becas
Otra de las medidas incluye el destino de tres millones de euros a becas para universitarios, que podrán pagar con estas ayudas la matrícula y parte de la formación para la acreditación de competencias idiomáticas de nivel B1 o superior durante el presente curso escolar 2014/2015. Las ayudas, de 300 euros por estudiante, serán con carácter retroactivo, por lo que podrán acceder a ellas quienes ya han superado las pruebas, y prevé una demanda de más de 8.500 alumnos de los 17.000 que han solicitado el título.
La orden estará completa antes de final de mes y podrá solicitarse la beca a través de la web de la Consejería de Economía y Conocimiento. Para acceder a las mismas será necesario estar cursando estudios universitarios de Grado o Máster y ser beneficiario del Plan General de Becas del Ministerio de Educación, que en la actualidad beneficia a 60.000 estudiantes de enseñanzas superiores con bajos recursos económicos.
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