Rajoy reduce el poder de Cospedal, erosionada por su gestión de ‘Gürtel’

De luto riguroso acudió María Dolores de Cospedal el pasado 4 de junio a la Catedral de Toledo para el Corpus Christi. Sin mantilla, pero de negro —“No respondo a ningún estereotipo. Si hay que ir al Corpus y presido me gusta ir cómo van las mujeres que van a esa procesión”, dijo en EL PAÍS durante la campaña electoral—, como un presagio de que no iba a estar para celebraciones: el lunes se confirmó el pacto entre Podemos y el PSOE gracias al cual Emiliano García Page le arrebatará la presidencia de Castilla- La Mancha. Este jueves, Mariano Rajoy ha anunciado cambios en el partido y, aunque mantiene a Cospedal como secretaria general del PP, en la práctica la número dos ve reducido su poder.

Rajoy ha dejado a Cospedal al frente de la secretaría general del partido, pero al mismo tiempo ha situado como director de la campaña electoral a su actual jefe de Gabinete, Jorge Moragas, y ha recuperado la vicesecretaría de Comunicación, de la que se ocupará Pablo Casado. El presidente, de forma sutil, ha movido ficha ante las críticas de los barones a la número dos.

Cospedal (Madrid, 1965) sabía que se jugaba en las elecciones del pasado 24 de mayo mucho más que la reelección en la presidencia de Castilla-La Mancha. Los últimos meses todas las miradas se habían vuelto sobre ella, por su gestión del partido —se le reprochaban fallos de coordinación y vacíos de poder por compaginar la secretaría general del PP y la presidencia castellanomanchega— y por la bronca soterrada con explosión pública incluida de dos de sus colaboradores contra Javier Arenas, su gran adversario interno.

Su victoria en 2011 fue el símbolo del espectacular resultado del PP, y cuatro años después, más cuestionada que nunca, un triunfo electoral le habría hecho salir fortalecida frente a las dudas de su partido. Pero aunque fue la lista más votada, no logró la mayoría absoluta, y los socialistas y Podemos acaban de certificar su salida de la Junta.

Cospedal recabó el rechazo de una gran parte de la vieja guardia del PP, además, con su particular gestión del caso Bárcenas. Ella se ha defendido: “No había nadie dispuesto a dar la cara y en este caso y este cargo o estás dispuesto a dar la cara y la das o si no te largas”, alegó, y en eso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que no es precisamente su aliada, le ha dado la razón: “Su labor es difícil, dura e ingrata”, ha señalado Santamaría respecto a la número dos del partido.

Como secretaria general del partido de Gobierno ha tenido que lidiar con el azote de la corrupción: el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, y el caso Bárcenas la han erosionado dentro y fuera del partido. Su traspiés más recordado seguramente sea el de la ya célebre "indemnización en diferido" con la que aseguró que se compensó al extesorero del PP tras su despido. Bárcenas, con quien se ha enfrentado en los tribunales, se convirtió en su peor pesadilla: “Le he ganado una querella, le voy a ganar otra, ha estado metido en la cárcel y para mí el caso está superado y ganado”, señala.

Castilla- La Mancha, laboratorio del PP

La número dos del PP es una mujer fuerte. Madre soltera, por fecundación in vitro, divorciada de un compañero de oposición a la Abogacía del Estado y casada más tarde con un empresario 19 años mayor, ha gobernado con mano de hierro estos últimos cuatro años la comunidad castellanomanchega, considerada laboratorio de las políticas del PP. Se acostumbró a sacar adelante en solitario sus reformas: hasta el Estatuto de Autonomía de la comunidad fue aprobado en el Parlamento regional en 2013 y en el Congreso en 2014 solo con los votos del PP, una situación inédita desde 1978. La oposición socialista clamó entonces contra lo que consideró “el mayor intento de pucherazo de la democracia”, aunque el Tribunal Constitucional lo avaló después.

Su legislatura, tras 28 años de poder socialista, se recordará por su brutal tijeretazo al sector público. Heredó la región con el déficit más alto, casi el triple de lo permitido, pero fue la alumna más aplicada en reducirlo: pasó del 7% en 2010 al 2% en 2013. Con los consiguientes recortes. Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha señalado recientemente que su Gobierno fue el que mayor tijeretazo aplicó en gasto por habitante en políticas sociales, un 30% entre 2009 y 2013. Según el CIS, más de un 70% de los ciudadanos ha calificado su gestión como presidenta de la Junta de regular, mala o muy mala.

Entre sus medidas de ajuste, redujo a la mitad el número de funcionarios interinos en solo un año (de 16.464 a 7.721), bajó el sueldo y amplió la jornada de los empleados públicos, y quiso suprimir las urgencias rurales nocturnas para 100.000 castellanomanchegos. Cumplió sus primeros 100 días con una huelga de profesores contra los recortes en educación.

Los sindicatos y la oposición han llevado a la justicia sus políticas. El Tribunal Supremo ha expresado sus dudas sobre la legalidad de algunos de los artículos más destacados de su plan de ajuste que afectó a 70.000 funcionarios, tras una reclamación de CC OO y UGT. A cambio, el Constitucional sí ha respaldado otras de sus medidas polémicas: la supresión de sueldos fijos a los diputados castellanomanchegos, que solo cobran dietas e indemnizaciones. En los tribunales está pendiente aún la pieza separada de los papeles de Bárcenas por el soborno de 200.000 euros supuestamente cobrado por el PP para financiar su campaña de las elecciones autonómicas de 2007.

Cospedal sopesaba, si ganaba las elecciones autonómicas, dar un paso atrás en el partido y dedicarse en exclusiva a la presidencia de la comunidad, tras cuatro años de duro trabajo mandando en Toledo y en Madrid. El 24-M lo trastocó todo. Aún no ha recogido el acta de diputada.