Los editores de prensa denuncian las restricciones a la información

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada este jueves en el Congreso,  ha desatado duras críticas por parte de las asociaciones profesionales de periodistas y de los editores de diarios. Consideran que la enmienda introducida por el PP que pretende poner fin a la conocida como “pena de telediario” atenta claramente contra el derecho a la información.

Para la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la  reforma de la ley limita la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información de interés público. "Los medios deben seguir siendo responsables de elegir con su criterio profesional qué información comparten con los ciudadanos", expresan los editores al tiempo que reclaman el derecho a difundir imágenes de los detenidos cuando obedezca al interés público.

Según la polémica enmienda “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse (la detención) así como en traslados ulteriores”. Afirman los editores que esta restricción, presentada por el PP la semana pasada, tiene como fin limitar la difusión de imágenes de los detenidos y con ello evitar en palabras del Ministro de Justicia Rafael Catalá “que la justicia se haga desde las escalerillas de los tribunales”.

La AEDE enfatiza que  el derecho a la libertad de información esta protegido por el artículo 20 de la Constitución, y que constituye el pilar básico del Estado de derecho. “Sólo un ciudadano informado puede ser un ciudadano libre“. Los editores aseguran que “en la necesaria ponderación entre los derechos de imagen y el derecho de información, son los jueces y no los poderes políticos quienes deben fijar los límites e insisten en que ningún Gobierno, institución, empresa o colectivo puede limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados.

Los editores solicitan que durante la tramitación en el Senado se elimine esta reforma con el fin de seguir garantizándose el derecho constitucional a la libertad de información de los ciudadanos y de sus medios de comunicación.

En la misma linea, organismos profesionales como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechazan la  norma que impide la toma de imágenes de detenidos porque, en su opinión,  vulnera el derecho constitucional a la información, ya que lo que pretende es “ocultar a los ciudadanos las imágenes de hechos de interés general“.  Mantienen los periodistas que cuando la policía detiene a alguien, bien por orden de un juez o por la comisión de un delito in fraganti, está defendiendo la seguridad de los ciudadanos, por lo que no se entiende que se pretenda ocultar la toma de imágenes de un hecho que, por afectar a la seguridad de todos, es de interés general.

La APM insiste  que el derecho constitucional a la información es uno de los pilares del sistema democrático porque facilita a los ciudadanos la formación de su opinión, base imprescindible para que actúen en libertad.