El Gobierno niega al Congreso los informes de la muerte del cabo Soria
El PP dice que “son clasificados” y que dos de “no son de titularidad del Estado español"
El Gobierno se ha negado a entregar al Congreso los informes sobre la muerte del cabo español Francisco Javier Soria Toledo, fallecido el pasado 28 de enero en Líbano por un proyectil de la artillería israelí, elaborados por el Ejército español, la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (Unifil) y las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).
En respuesta al diputado socialista Diego López Garrido, quien solicitó copia de los tres informes, el Gobierno se limita a contestar “aquellas partes de los informes relativas exclusivamente a los hechos que produjeron la muerte del cabo Soria, las conclusiones extraídas y las medidas adoptadas fueron comunicadas por el ministro de Defensa [Pedro More-nés] en comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso [...] y su contenido figura en las actas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales”.
López Garrido considera que esta respuesta es “una tomadura de pelo”, pues Morenés no distribuyó ningún informe a los diputados y el citado boletín se limita a transcribir la intervención oral del ministro. El parlamentario socialista los reclamó al amparo del reglamento del Congreso, que regula la petición de “informes o documentos” al Gobierno.
La razón por la que el Ejecutivo se niega a entregarlos la esgrimió el miércoles pasado la diputada del PP Irene Moreno. Aseguró en la Comisión de Defensa que dichos informes “son clasificados” y que dos de ellos “no son de titularidad del Estado español, sino que son de Naciones Unidas y del Ejército israelí, y por lo tanto no pueden ser entregados”. Moreno se remitió a la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales de 1968 y a un hasta ahora desconocido acuerdo sobre seguridad de la información del Ministerio de Defensa, de 15 de octubre de 2010.
Ante este argumento, el PSOE pedirá que Morenés lleve los informes a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. “No es admisible que el Parlamento no tenga acceso a la investigación de la muerte de un militar español”, según Garrido.
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