Reflexiones sobre la investidura en Andalucía

Todo lo que está sucediendo en las últimas semanas en torno a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, requiere una explicación y su correspondiente análisis. Dada la composición del Parlamento, y puesto que no se ha propuesto ninguna candidatura alternativa, la única opción que existe es la propuesta de la candidata socialista. Si no fuera investida, transcurrido el plazo, habría que repetir las elecciones, algo que nadie dice desear.

Se habla mucho de las bondades del mayor pluralismo existente, y de la consiguiente necesidad del diálogo, la negociación y el acuerdo como la mejor forma de responder a la voluntad de los electores. Pero la experiencia de Andalucía, hasta el momento, lo que está deparando es un bloqueo de la situación, que comporta algunos graves inconvenientes para la ciudadanía. Al estar en funciones desde el 22 de marzo, el Gobierno no puede tener iniciativa legislativa, ni responder políticamente ante un Parlamento que no le otorga la confianza, ni poner en marcha un programa de gobierno que tiene el rechazo de la mayoría de la Cámara.

Los grupos de la oposición han planteado una serie de propuestas que van desde la lucha contra la corrupción al apoyo de la actividad de los autónomos y emprendedores para la generación de empleo, pasando por los desahucios, el aumento de dotaciones de personal docente y sanitario, la reducción de altos cargos y la modernización de la administración. De todas estas materias la candidata ha recogido en el debate de investidura aspectos y contenidos de diversa entidad relativos a dichas propuestas, pero los proponentes no se mueven de sus peticiones iniciales.

Es conveniente recordar que no estamos ante una negociación para constituir un gobierno de coalición, ni ante un intento de pacto de legislatura, sino de un diálogo para hacer posible la investidura de la única candidata propuesta. No cabe la menor duda de que en el comportamiento de todas las fuerzas políticas está incidiendo la inminencia de las elecciones del 24 de mayo, por la lectura que pueda hacer el electorado de su actuación, olvidando quizá que la ciudadanía no puede ser la que pague los platos rotos de la parálisis institucional, situación que ya ha sido denunciada por diversos agentes económicos y sociales.

Es posible que haya que buscar otro punto de partida, dado que lo de Andalucía quizá sea el preludio de lo que se puede dar en varias Comunidades Autónomas tras el 24 de mayo y en España tras las generales de este año. En situaciones como la andaluza, habrá que clarificar los parámetros de un acuerdo de investidura, que no significan el apoyo a una candidatura, sino el reconocimiento de que ésa es la única viable para dar expresión política a la voluntad de los electores. Si ningún otro partido o partidos presentan una alternativa de investidura, parece poco lógico que se opongan sin más a la única presentada, o que exijan para desbloquear la situación contrapartidas de contenidos más propios de un pacto de legislatura.

En suma, y no solo pensando en Andalucía, la solución razonable sería un acuerdo político de todos los partidos para adoptar una fórmula que de hecho asegure que, salvo caso de mayorías alternativas fruto de alianzas poselectorales, la abstención de la oposición permita la investidura del partido que alcance más votos favorables. Una fórmula, en fin, inspirada en la regulación de Asturias y del País Vasco. De esta forma, los gobiernos en minoría que se avecinan a la luz de las encuestas no serían bloqueados en su inicio. A partir de ahí, conseguida la confianza de las Cámaras, empezarían a tener que demostrar día a día, en cada Pleno y en cada Comisión, que el mensaje de mayor pluralismo, necesidad de diálogo y más sensibilidad con las minorías enviado por la ciudadanía ha calado de verdad en sus destinatarios. Y éstos no son otros que todos los partidos políticos, cuya tarea es mejorar la vida de la gente, y no complicársela con tácticas de cortos vuelos.

Manuel Gracia Navarro, Presidente del Parlamento de Andalucía en la IX Legislatura.