El juez pide a Brasil que traslade a España al policía que mató a su esposa

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar el próximo 30 de junio al comisario de policía Jesús Figón Leo, agregado de Interior en la embajada de España en Brasil, imputado por el homicidio de su esposa, la ciudadana brasileña Rosemary Lopes, el pasado 12 de mayo. El magistrado ha admitido una querella de la hija de la víctima y del supuesto agresor y ha solicitado a Interpol Brasil que facilite el traslado voluntario del comisario para declarar en virtud de la norma de justicia universal, que permite a los jueces de la Audiencia Nacional perseguir delitos cometidos por españoles en el extranjero.

El supuesto crimen se produjo en la ciudad de Vitoria, capital del Estado de Espíritu Santo, en Brasil. Tras el homicidio, el comisario se entregó voluntariamente a las autoridades locales y quedó en libertad provisional al hacer valer su inmunidad de personal diplomático, condición que el Ministerio de Exteriores le ha retirado.

Velasco ha admitido la querella contra Figón pese al criterio de la Fiscalía, que entiende que Brasil es el Estado competente para investigar y, en su caso, enjuiciar los hechos. El magistrado rebate este argumento al entender que el principio de justicia universal, previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “la jurisdicción española es competente para investigar delitos cometidos fuera de España”. Para ello, es necesario que el supuesto autor sea de nacionalidad española, que el hecho sea punible también en Brasil y que no haya sido juzgado en ese país. Todos estos requisitos se cumplen en este caso, recuerda el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

En su escrito de denuncia, la hija de la víctima solicitaba a Velasco que reclamara a Brasil la extradición del comisario. Sin embargo, el magistrado deniega esta petición ya que todavía no se ha practicado ninguna diligencia en el juzgado, al acabarse de aceptar la querella. El juez tiene que recibir los certificados de defunción, el resultado de la autopsia, y tomar declaración al comisario imputado y a los testigos.

El propio Figón remitió un escrito al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, al que tuvo acceso Europa Press, en el que pedía que se le devolviera la inmunidad diplomática para ser juzgado en España y advertía de que su permanencia en Brasil “puede constituir un riesgo para los intereses de España, así como para su seguridad nacional”. Según él, permanecer como un imputado común en Brasil puede suponer “la obtención ilegal de información sensible al Estado”.

Figón argumentaba que en su condición de consejero de Interior ha desempeñado funciones “en ámbitos de especial trascendencia y sensibilidad que afectan, en muchos casos, a la seguridad interior y exterior del Estado”. Se refería, en concreto, a “información de inteligencia entre ambos países”, condiciones de seguridad de la embajada española, operaciones contra el crimen organizado, narcotráfico, inmigración ilegal, operaciones tanto en Brasil como en Colombia o la detención de miembros de ETA, entre otros asuntos.