Los peritos del Estado rebaten el informe que avala a Griñán en los ERE

Los peritos de la Intervención General del Estado consideran que el informe pericial presentado por el expresidente andaluz José Antonio Griñán para avalar su gestión en el caso ERE carece de “fundamento jurídico y técnico”. Ese informe solo realiza “interpretaciones propias de un informe pericial de parte”, en un intento “de menoscabar el grado de independencia, objetividad y profesionalidad que poseen” los peritos del Estado, según un documento que estos peritos han remitido al Supremo en el que analizan la pericial de Griñán.

La defensa del expresidente andaluz registró en enero en el alto tribunal un informe firmado por Juan Zornoza y Miguel Ángel Lago, dos cetedráticos de Derecho Tributario que respaldan el uso de las transferencias de financiación como fórmula de pago de las ayudas sociolaborales de la Junta. Aquel texto a su vez pretendía rebatir el elaborado por la Intervención del Estado para la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que considera “ilegal” el uso que hizo el Gobierno andaluz de las transferencias de financiación.

En su nuevo informe, los peritos del Estado discrepan de los argumentos de los catedráticos y se ratifican en las conclusiones a las que llegaron en su informe anterior. Ese texto se ha convertido en la columna vertebral de las acusaciones de Alaya en el caso ERE y es también uno de los pilares en los que el Supremo basa las imputaciones de los cinco aforados nacionales (los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarías y Mar Moreno).

La ratificación de sus conclusiones una vez leídas las de los dos catedráticos puede ser decisiva ahora, cuando está pendiente que el instructor del Supremo Alberto Jorge Barreiro resuelva si sigue adelante con la investigación contra los exdirigentes andaluces, a los que ya ha tomado declaración.

Los peritos del Estado sostienen que “el principal efecto” del uso de las transferencias de financiación fue “hurtar” al interventor de la Junta la posibilidad de fiscalizar las ayudas, lo que propició que se dieran al margen de la ley. Los peritos sostienen que el Parlamento andaluz “fue inducido a error” cuando cada año aprobó el Presupuesto de la Comunidad. “La documentación remitida al Parlamento a(...) utilizó una terminología críptica, ambigua e incluso equívoca, de manera que nunca señaló claramente, ni mucho menos explicó, el verdadero sistema de concesión de subvenciones sociolaborales”, afirman.