Más de 120.000 personas no reciben los anticoagulantes que necesitan

Al menos 120.000 personas no están recibiendo los nuevos anticoagulantes orales (Naco por sus siglas) que les corresponderían si se aplicaran las guías del Ministerio de Sanidad (los IPT, informes de posicionamiento terapéutico), según el informe Adecuación de la prescripción de los nuevos anticoagulantes orales (Naco) en España. Propuestas de mejora que se ha presentado el jueves 14 de mayo en Madrid. Este trabajo ha sido liderado por José Ramón González-Juanatey, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Según este, en España hay unas 800.000 personas que necesitan tomar anticoagulantes para evitar trombos e ictus. Para ellos, el medicamento de referencia es el Sintrom, un fármaco con años de recorrido pero que implica realizarse controles periódicos (semanales) para ajustar la dosis. Pero entre un 30% o un 40% de estas personas (de 240.000 a 320.000 personas) no consigue controlar su nivel de coagulación con ellos.

La aprobación en 2009 de una nueva familia de medicamentos, los Naco, supuso ampliar el arsenal terapéutico con varias ventajas (no hay que ajustar la dosis, se toma por vía oral, no hay que ir al ambulatorio periódicamente) y alguna desventaja (es bastante más caro -90 euros frente a 12 al mes-, no hay un antídoto –aunque hay uno en ensayo- que permita anular su efecto a voluntad si, por ejemplo, el paciente sufre una hemorragia o hay que operarle). Pero su entrada está siendo “lenta y desigual”, dice González-Juanatey. Tras una fuerte polémica inicial entre partidarios y contrarios, el Ministerio de Sanidad publicó hace cuatro años una guía para su uso: en principio, los pacientes que necesiten anticoagulación –por ejemplo, los que tengan fibrilación auricular- usarán acenocumarol (el principio activo del Sintrom) u otras moléculas con el mismo efecto. Cuando este tratamiento no consiga su objetivo –el caso más extremo es el del paciente que sufre un ictus o una hemorragia cerebral pese a tomarlo- deberá recibir un Naco.

El cardiólogo calcula que solo el 15% de los pacientes que necesitan anticoagulación (unas 120.000 personas) están recibiendo un Naco. Si se tiene en cuenta que mal controlados hay al menos 240.000 pacientes, eso quiere decir que menos de la mitad de quienes lo necesitan están siendo bien tratados. Con todo ha habido un avance. Hace un año se calculaba que el tratamiento llegaba al 9% de quienes necesitaban anticoagulación.

“Está claro que tiene que haber pacientes prioritarios en los que el coste-eficacia del tratamiento es mayor, pero se está yendo muy despacio”, afirma el médico. “El informe del ministerio se aplica de manera heterogénea entre las comunidades autónomas. Cada una hace una adaptación, pero los prescriptores tenemos que sensibilizarnos de hasta dónde nos permite llegar la norma del financiador”, que es la Administración, añade.

González-Juanatey admite que al principio hubo muchos recelos por parte de los propios profesionales para recetar este fármaco, pero cree que “se están superando”. “Cada vez tenemos más evidencia del mundo real” de su utilidad y seguridad.

Precisamente, este último aspecto ha sido uno de los usados por los contrarios a los nuevos fármacos. En su primer año de uso, la Agencia estadounidense de la Alimentación y el Medicamento (FDA) indicó que era el producto qué más reacciones adversas había comunicado. El cardiólogo explica: “En cuanto a sangrados digestivos, no hay grandes diferencias con los otros fármacos. Sí que hay un mayor riesgo de hemorragia intracraneal”, que es algo que habrá que tener en cuenta con cada paciente. No es lo mismo el que está mal controlado por infratratado, y no consigue bajar su indicador de coagulación, que el caso contrario, en cuyo caso uno de los riesgos es, precisamente, que aumenten los sangrados.

“El debate es estéril. Hay amplia evidencia de su coste-eficacia”, rebate el médico. “Otra cosa es que debatamos si hay que desbordar el IPT”, dice. Se refiere, por ejemplo, a estudios que apuntan a que los Naco podrían ser utilizados como primera opción de tratamiento, y no solo cuando el acenocumarol falla.

En el trabajo han participado también Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica; Carmen Suárez, jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de la Princesa, de Madrid, y Julio López Bastida, economista de la salud. “Hemos sido absolutamente independientes”, afirma González-Juanatey, quien apunta que el laboratorio Daiichi Sankyo, que aparece como colaborador del trabajo y que tiene intereses en esta área, se ha limitado a “financiar la impresión del estudio”. “Nuestro objetivo no es recomendar un medicamento concreto, sino homogeneizar el marco de aplicación en España”, concluye.