UPyD recurre la desimputación de Spottorno y otros exdirectivos

Unión, Progreso y Democracia (UPyD), partido que encabeza la acusación popular en el caso Bankia, ha rechazado la desimputación de doce exdirectivos de Caja Madrid por la causa de las tarjetas de crédito opacas al fisco de la entidad, como decretó el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el pasado 5 de mayo. El partido de Rosa Díez ha interpuesto un recurso contra esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, al entender que “defender”, como hace el juez Andreu, que las tarjetas black formaban parte del salario de los antiguos máximos gestores de la entidad es “puro voluntarismo”. Los doce exdirectivos que han visto archivada la imputación, entre los que se encuentran el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno o el exdirector financiero Matías Amat, cargaron a las tarjetas black un total de 3,4 millones de euros.

En su auto del pasado día 5, el juez Andreu exculpaba a los antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid al entender que en su caso las tarjetas que usaron no estaban concebidas para gastos de representación. El magistrado dio por buena la versión de los exdirectivos de que sus tarjetas eran un “complemento retributivo” de “libre disposición” como empleados por cuenta ajena de la entidad, y que, al contrario que los miembros del Consejo de Administración, no participaron en la emisión y entrega de aquellas.

UPyD no está conforme con esta valoración del juez Andreu, que entiende que, en todo caso, los exdirectivos pueden ser considerados “partícipes a título lucrativo” de los delitos de administración desleal que imputa a los exconsejeros de Caja Madrid. “Defender que las tarjetas de crédito eran parte del salario es, dicho con el máximo respeto y estricto ánimo de defensa, puro voluntarismo”, señala el escrito de UPyD.

Según esta acusación popular, las tarjetas opacas “lejos de ser un concepto retributivo, eran una sutil manera de comprar las voluntades de los directivos” por parte del expresidente de la entidad Miguel Blesa. El juez Andreu ponía de relieve en su auto que los exdirectivos contaban con una tarjeta para gastos de representación, que al contrario que la considerada como complemento salarial, no disponía de PIN para extraer dinero de los cajeros automáticos.

Este hecho, para UPyD no es tanto un elemento exculpatario como incriminatorio. “La existencia de tarjetas de empresa entregadas, controladas y con soporte documental, lejos de desvirtuar los indicios criminales sobre las tarjetas “opacas”, avalan precisamente la ilicitud en origen de estas “otras” tarjetas, carentes de ningún tipo de base legal ni contractual”, señala en su escrito.

Los recurrentes subrayan el hecho de que en autos anteriores, Andreu no daba validez a que las tarjetas de los directivos tuvieran carácter salarial. El magistrado, el pasado enero, se fijaba en el hecho de que los exdirectivos no llegaban a agotar el saldo de las tarjetas, “haciendo así una dejación incomprensible a la que, al menos los directivos, tenían derecho”. También tenía en cuenta –y sigue considerándolo- que el pago se realizaba “de manera totalmente irregular, fuera de los cauces ordinarios para el pago de retribuciones” y “ocultando las mismas al fisco”.

Andreu señalaba también que los directivos no tenían límites salariales, como sí tenían los exconsejeros de Caja Madrid. UPyD rebate: “que no exista limitación cuantitativa ni cualitativa al salario que puede fijarse a estos directivos (o a cualquier otro empleado) no quiere decir que todo lo que perciban deba considerarse parte de su paquete retributivo ni que sea legal ni lícito percibirlo”.

Los abogados de la entidad dan a la Sala de lo Penal de la Audiencia la opción de considerar a los exdirectivos “cooperadores necesarios” de los administradores que pusieron en funcionamiento dicho sistema de tarjetas opacas. “Sin la actuación de estos directivos (que eran perfectamente conscientes de la irregularidad cometida y que actuaron al margen de toda diligencia debida), no podría haberse consumado el grave perjuicio de la entidad”, sostiene UPyD.

Los ejecutivos de Caja Madrid que vieron levantada su imputación son Ricardo Morado Iglesias, exdirector de Sistemas y de Organización; Ramón Ferraz, ex director general de Banca Comercial; Matías Amat, ex director financiero; Mariano Pérez Claver, exdirector de Banca Comercial; Juan Manuel Astorqui, exdirector de Comunicación. La lista se completa con Carlos María Martínez, ex director gerente de la Obra Social; Carmen Contreras, exdirectora de Auditoría Interna; Carlos Vela, exdirector de la Banca de Negocios;Rafael Spottorno, exdirector de la Fundación Caja Madrid; Ramón Martínez Vilches, exdirector de Riesgos y Luis Gabarda, exdirector del Gabinete del presidente de la entidad, Miguel Blesa.