Alaya presenta al Poder Judicial un plan alternativo para retener los ERE

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, quiere que el Consejo General del Poder Judicial le permita quedarse en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla investigando tres asuntos concretos: el caso de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, el de los avales a empresas y el de los ERE fraudulentos. La magistrada ha conseguido un ascenso a la Audiencia de Sevilla, pero ha pedido permanecer al menos seis meses más en el juzgado que instruye estas causas. Y su intención es ampliar este periodo con sucesivas prórrogas.

Para lograrlo ha presentado su propio plan y se ha enfrentado incluso a su órgano superior, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha diseñado una propuesta opuesta a la de Alaya. El mismo día que la instructora logró la plaza en la Audiencia, el órgano de gobierno de los jueces convocó un concurso para sustituirla, al que, en el último momento, se presentó una magistrada de primera instancia de Sevilla, María Ángeles Núñez, un movimiento que el PP interpreta que está impulsado por el consejero andaluz de Justicia, Emilio Llera. El concurso se resolvió la semana pasada y Núñez logró la titularidad del juzgado de instrucción 6. Pero un día antes, el tribunal andaluz había aprobado un plan de refuerzo que pasa por asignar a ese juzgado dos jueces en comisión de servicio y uno de refuerzo para desatascar el trabajo que en los últimos años se le ha acumulado a Alaya. Es decir, cuatro instructores para un solo juzgado.

Según fuentes consultadas, al ver que el tribunal superior andaluz movía ficha, Alaya reaccionó con rapidez y presentó una propuesta alternativa para asumir ella, al margen de los refuerzos, las tres causas principales: ERE, avales y formación. Ahora el Poder Judicial tiene que decidir en las próximas semanas entre las dos propuestas, aunque antes el Tribunal Superior elevará al Consejo la petición de comisión de servicio de Alaya con un informe de apoyo o respaldo que no es vinculante para el Consejo, pero sí será tenido en cuenta.

Los tres casos que quiere seguir investigando Alaya cuestionan toda la política de formación al empleo y ayudas a empresas del Gobierno andaluz y son el principal quebradero de cabeza judicial de la Junta. Hace un mes, por ejemplo, la última operación policial ordenada por Alaya supuso la detención de 16 ex altos cargos, una operación que muchos, incluido el decano del colegio de abogados de Sevilla, consideraron desmesurada.

En este contexto y en pleno año electoral, la continuidad de la juez al frente de estas investigaciones es clave para evitar o provocar un desgaste del PSOE mediante nuevas imputaciones o fianzas millonarias de responsables políticos. Por eso, mientras los socialistas quieren apartar a Alaya de las investigaciones, el PP quiere mantenerla como arma política. La decisión está en manos del Poder Judicial, que puede admitir, rechazar o matizar la propuesta de Alaya para retener esas tres causas principales.

La decisión final depende de la comisión permanente del consejo (formada por tres vocales a propuesta del PP y dos del PSOE, además del presidente Carlos Lesmes), en la que hay “cierto grado de discrecionalidad” para conceder las comisiones de servicio, pero que suele primar la experiencia, según fuentes de este órgano. Las fuentes consultadas sostienen que la juez de los ERE lo tiene difícil para quedarse, pero no imposible. En su contra juega que ella ha pedido voluntariamente el traslado y que, si se queda en su juzgado, deja vacante una plaza que el Poder Judicial sacó a concurso para que tuviera un titular fijo. Además, ninguna de las grandes causas que instruye Alaya están próximas a cerrarse, por lo que su permanencia en el juzgado para acabar de instruir alguno de estos casos no tendría un horizonte temporal ni definido ni cercano.

En el caso de que el Poder Judicial conceda a Alaya la comisión de servicios tal y como ella quiere, esta habrá ganado la batalla y habrá poco margen para las tensiones en el juzgado, toda vez que los casos ya estarán delimitados. Las tesis enfrentadas son claras: mientras que la magistrada ha solicitado la comisión para investigar tres casos concretos, en la nota que hizo pública el Tribunal Superior al anunciar su plan de refuerzo expuso que el reparto de funciones se hará con los criterios que “conjuntamente formulen” los cuatro jueces (la nueva titular y los tres refuerzos) y que el resultado deberá recibir el visto bueno del tribunal andaluz. Si no hay consenso, según fuentes del Tribunal Superior, primará la titularidad del juzgado. Es decir, el criterio de Núñez se impondrá al de Alaya. Sería su primera derrota desde que empezó a instruir los ERE, más allá de algunos correctivos de la Audiencia de Sevilla a lo largo de cuatro años. “Ella siempre está combativa y muy segura de sí misma, pese a su timidez. Sin embargo, esta vez no lo tiene fácil”, opina una fuente cercana a la magistrada.

La última palabra la tiene el Poder Judicial y se da por seguro que el PP intentará influir en los vocales del consejo para lograr que Alaya pueda seguir investigando, aunque fuentes de este partido asumen que su objetivo es “muy difícil”. “De momento en el PP no se dan cuenta de la trascendencia del caso, de que se pueden quedar sin munición política fundamental para un año como este”, confía una persona conocedora de las investigaciones.