Mordidas eficientes del ‘caso Púnica’

Ahorrar en el recibo de la luz fue el aliciente que los gobiernos de media docena de municipios de la Comunidad de Madrid, la mayoría en manos del PP, utilizaron para poner en marcha concursos públicos de eficiencia energética en busca de empresas que les garantizasen una mejora en ese servicio. Se trataba de modernizar sus instalaciones para mejorar a medio plazo sus cuentas municipales. Esos procesos administrativos culminaron en todos los casos con la adjudicación del contrato de eficiencia energética a Cofely, empresa de la multinacional francesa GDF Suez. En conjunto, esta firma logró los trabajos para modernizar instalaciones de al menos siete localidades por 160 millones de euros y se puso manos a la obra.

Esas adjudicaciones se hicieron sin ninguna polémica ni denuncias de amaño. Nadie sospechó que detrás de los nuevos contratos se escondía una trama de corrupción con derivadas millonarias. El caso desembocó en medio centenar de detenciones a finales de octubre, entre ellas la del que fue mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y el PP regional, Francisco Granados.

Una extraña carambola desbarató el sistema fraudulento. En diciembre de 2013, la fiscalía suiza comunicó a la española que Granados ocultaba dinero en bancos de ese país junto a su amigo, el constructor David Marjaliza. La información desencadenó la dimisión de Granados, que entonces simultaneaba su trabajo de diputado autonómico con su escaño de senador del PP. La Fiscalía Anticorrupción investigó el patrimonio de Granados y puso el caso en manos del juez Eloy Velasco, quien en secreto ordenó diversas diligencias, entre ellas pinchazos telefónicos a los implicados en el supuesto delito contra la Hacienda pública. De esas intervenciones telefónicas surgieron abundantes pistas sobre diversas formas de corrupción en administraciones públicas de Madrid, León y Murcia. Muchos de los indicios apuntaban al mecanismo de fraude para la adjudicación de los concursos de eficiencia energética en municipios madrileños.

La responsable del pago a proveedores y cobro a clientes de Cofely, en el centro de todas sus sospechas, reconoció al juez Velasco que sus jefes le apremiaban todos los meses para que pagase a cuatro proveedores y enviase por correo electrónico al constructor Marjaliza una relación con las deudas que los distintos Ayuntamientos mantenían con la empresa de eficiencia energética.

La directiva de Cofely dio el nombre de cuatro empresas a las que pagaban mensualmente y que supuestamente se encargaban de auditar los trabajos de eficiencia energética en los municipios madrileños. Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que esas empresas, que administraban supuestamente testaferros del constructor David Marjaliza, facturaban por servicios que en realidad no prestaban. El dinero que ingresaban de Cofely, según la investigación, era para el pago de comisiones ilegales a los políticos que habían favorecido las adjudicaciones a Cofely.

Entre esas sociedades que cobraban de las administraciones públicas supuestamente por hacer un seguimiento de los ahorros en la factura de la luz figuraba Ruta Energética. Tanto el juez como las fiscales anticorrupción sospechan que se trata de una “empresa fantasma”.  “Han pasado por aquí ocho testigos y ¿nadie conoce su personal, no sabían a quién le estaban pagando?”, preguntó el magistrado Eloy Velasco a la jefa de compras de Cofely, Mónica García del Nero, testigo en este caso.

La directiva de la empresa se encogió de hombros: “Cuando nos adjudicaban el contrato, ya estaba en el pliego [de los gobiernos municipales, redactado presuntamente por Cofely según los investigadores] que había que pagar [a Ruta Energética] por que hiciese estudios de eficiencia, lo cual no me cuadraba mucho porque nosotros hacemos ese tipo de estudios. Si viene en un pliego, yo no soy nadie para no pagar”.

Algunos de los técnicos municipales detallaron al juez y al ministerio fiscal las condiciones leoninas que Cofely imponía a las administraciones públicas. La interventora municipal de Serranillos del Valle, cuyo alcalde por un partido independiente, Antonio Sánchez Fernández, fue encarcelado y tuvo que dimitir por este caso, las expuso con toda crudeza: “Me lo pasaron por correo y la anterior secretaria decía que no veía una concesión a 40 años. Me parece una barbaridad que si voy a sacar una concesión para el mantenimiento, tenga yo que pagar las costas del mantenimiento de esas instalaciones, como luz o agua. Entonces no se ahorra nada”.

¿Había presiones del Ayuntamiento?, preguntó el juez. “Presionaba a todos”, aseguró la interventora.