Cae una red que arreglaba armas de guerra inutilizadas y las vendía

Un hombre “de mediana edad”, vecino de Alicante, “trabajador por cuenta ajena” y “gran aficionado a las armas”, había convertido su pasión en su principal medio de vida: tenía montado todo un taller de reparación y un arsenal en la cochera de su chalé. Es uno de los siete españoles detenidos en la llamada Operación Toronja, desarrollada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil con apoyo de las comandancias de Vizcaya, Navarra, Cantabria, Burgos, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. Otro es “un policía nacional de 30 años destinado en policía judicial”.En total, los agentes han intervenido 99 armas de fuego —algunas de guerra, como 11 fusiles de asalto y 14 metralletas— y más de 21.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres, que “podrían haberse desviado a organizaciones terroristas”.

Las investigaciones continúan y los responsables de las mismas no quisieron ayer desvelar el origen de ese armamento ni sus fabricantes, y descartaron conexiones directas entre los arrestados y el terrorismo islamista. Sí se refirieron, en cambio, al modus operandi con el que funcionaban los siete detenidos, que aunque no estaban todos coordinados entre sí permanentemente, “sí contactaron entre ellos puntualmente”.

Unos compraban las armas en el extranjero, siempre antiguas o descatalogadas. Siempre a través de Internet y previo pago con tarjeta. Y siempre recibidas mediante paquete postal.

Otros las rehabilitaban para introducirlas en el mercado ilícito. “Nada mejor que la tapadera de un coleccionista con licencia para poseer armas antiguas”, explica uno de los agentes, refiriéndose al aficionado alicantino, todo un experto en estas lides a la luz de lo incautado en su domicilio: “Abundante maquinaria y herramienta, numerosos cañones, piezas fundamentales, cargadores y varias armas en proceso de rehabilitación. También se han intervenido varios silenciadores que este detenido fabricaba de forma artesanal”.

Las armas, adquiridas en la red, no eran ilegales, “se consideraban inutilizables”, “hierros” —en jerga policial—, hasta que eran rehabilitadas para su uso. Los destinatarios eran “habitualmente mayoristas españoles que, a su vez, las distribuían “principalmente por España” también a través de Internet. Los vendedores llegaban a triplicar el precio: “Llegaron a vender las pistolas [se han intervenido 15] a 700 euros y los fusiles de asalto a 1.700 euros”. Al no estar registradas en las bases de datos nacionales, podían ser desviadas al mercado negro con total impunidad.

Los investigadores creen que en Alicante vendieron al menos 20 armas, aunque su punto de venta habitual estaba en Málaga, donde se sospecha que vendieron otro centenar. Uno de los detenidos en esa provincia, adquiría de forma masiva otras armas detonadoras que, tras manipularlas para que pudieran disparar proyectiles, las vendía junto con su munición en la red. Asimismo, comerciaba con otro tipo de armas prohibidas como “llaveros-pistola” y pistolas eléctricas tipo taser que también han sido intervenidas.

La operación Toronja, desarrollada a escala europea en coordinación con Europol, se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF). Se originó cuando se detectó que varias personas españolas estaban adquiriendo armamento en países europeos por Internet.

Aunque en este caso se han descartado inicialmente relaciones directas con el yihadismo, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha detectado ya cerca de 200 indicios de conexión entre el terrorismo yihadista y grupos dedicados a la delincuencia organizada, según señalaba la semana pasada el propio ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en la reunión del Grupo de Madrid, organizada precisamente por el propio CITCO. En ese contexto, el máximo responsable de Interior explicó el motivo esencial que llevó a la creación de ese organismo: “Coordinar las acciones nacionales contra las dos manifestaciones más graves que amenazan a nuestra seguridad, el terrorismo y el crimen organizado. Ambas amenazas, separadas por una tenue línea, están experimentando —indicó— una progresiva superposición en sus acciones y manifestaciones. Todo ello nos aconsejó fusionar en un mismo órgano las funciones que hasta entonces se desarrollaban por dos centros diferenciados”. Fernández Díaz insistió en “el papel que desempeñan los centros y agencias dedicadas al análisis de inteligencia y a la prospectiva, primordiales para conocer y anticiparse a amenazas como la terrorista”.