Algo más que diputados

El caso de Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo, que cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados del PP, ha reabierto el debate sobre el límite de las actividades paralelas de los parlamentarios. En teoría, la ley establece un régimen estricto de incompatibilidades. En la práctica, se permite casi todo. Aunque las actividades privadas deben ser aprobadas por la Comisión del Estatuto del Diputado y votadas en el pleno, no existen mecanismos específicos de control, revisión o sanción. Casi el 70% de los 350 parlamentarios —concretamente, 238— ejerce otras funciones, entre privadas y públicas, y 169 tienen fuentes adicionales de ingresos.

Pujalte, todavía diputado, y Trillo, hoy embajador en Reino Unido, cobraron a través de sus despachos de asesoría. Como ellos, al menos 37 diputados —según las declaraciones de actividades que han presentado en el Congreso— tienen permisos para trabajar como abogados, bien por cuenta propia, bien en despachos propios o ajenos.

¿Quién lleva el control de sus clientes para evitar un posible conflicto de intereses? En el caso de Pujalte y Trillo, el cliente fue el Grupo Collosa, una empresa dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. La Agencia Tributaria —que ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción la existencia de una trama para facilitar la instalación de dichos parques— no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros.

Entre los abogados con permiso destacan Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular, y Aurelio Romero, presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, que tramita las autorizaciones para desarrollar actividades extraparlamentarias. Desde luego, unas actividades demandan más tiempo que otras; 80 parlamentarios son, además, tertulianos o columnistas y, como tal, la mayoría percibe una remuneración o gastos por desplazamiento, aunque muchos ni siquiera especifican en sus declaraciones si cobran o no.

La ley permite ejercer dos cargos, pero no recibir dos sueldos públicos. Quienes trabajan como regidores o ediles cobran dietas o indemnizaciones

Casi 40 diputados —30 de ellos del PP, 5 del PSOE, 2 del Grupo Mixto y 1 de CiU— trabajan, administran, son consejeros, gerentes o dueños de empresas privadas. El diputado José María Beneyto (PP), que tiene autorización para trabajar como abogado, es socio-presidente de una sociedad de asesoramiento jurídico y económico. En la declaración presentada en 2011, la última disponible en el Congreso, registró un rendimiento económico de más de 500.000 euros. El popular Jesús Caicedo es alcalde de Cuevas de Almanzora (Almería) y administrador de tres sociedades limitadas. José Ignacio Landaluce, también del PP, es alcalde de Algeciras y gerente de centros médicos privados.

El único diputado al que no se le ha decretado la compatibilidad es Iñaki Antigüedad (Amaiur), profesor en la Universidad del País Vasco, aunque los legisladores tienen concedida la compatibilidad casi inmediata para ejercer la docencia y para la creación literaria, así como para aquellas labores que estén relacionadas con la actividad política, como cobrar por dirigir un partido o dar conferencias.

En la declaración de bienes presentada por Mariano Rajoy en 2011, la última en el Congreso, consta que cobró casi 100.000 euros por dietas y gastos de representación del PP en 2010. Pedro Sánchez, elegido secretario general del PSOE en julio pasado, ha hecho constar en su declaración que no recibe remuneración por ejercer esa función, aunque no especifica si cobra dietas u otro tipo de gastos.

Del resto de actividades la limitación es no contratar directa o indirectamente con administraciones públicas, ni recibir subvenciones. De hecho, cuando se les concede la compatibilidad para sus empresas, los legisladores hacen constar el compromiso de no tener relaciones con la administración, aunque esa declaración no es comprobada.

Entre quienes han hecho constar que mantienen intereses o responsabilidades en sociedades empresariales de distinto tipo está la portavoz de Empleo del PP en el Congreso, Carmen Álvarez-Arenas, que recientemente tuvo que precisar en su declaración que una de las empresas familiares de la que es consejera delegada sí recibe subvenciones “de forma reglada”.

Las actividades paralelas no se limitan al ámbito privado. Más de un centenar de diputados tienen otro cargo público. La mayoría son concejales (48), alcaldes o tenientes-alcaldes (28). La ley permite ser diputado y concejal o alcalde al mismo tiempo, pero prohíbe recibir dos sueldos públicos. Alcaldes, concejales y otros cargos locales cobran dietas, indemnizaciones, desplazamientos u otro tipo de gastos de representación.

Salvo casos puntuales, en los que han renunciado al salario de diputado para cobrar el sueldo del cargo local, la mayoría percibe dietas, indemnizaciones, desplazamientos u otros gastos de representación. Por ejemplo, el diputado popular Arturo García Tizón es, también, presidente de la Diputación Provincial de Toledo, donde cobra indemnizaciones, y concejal del Ayuntamiento de Toledo, donde percibe dietas. Otros 82 parlamentarios son funcionarios en excedencia o servicios especiales y, como tal, muchos cobran trienios (antigüedad).

Hay legisladores con distintas fuentes de ingresos. El diputado Federico Cabello de Alba (PP), por ejemplo, también es alcalde de Montilla (Córdoba), donde cobra dietas. Además, es comisario de policía y, aunque está en excedencia, ha declarado que cobra una pensión por haber recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. El PP, el grupo mayoritario con 185 diputados, es, de hecho, el que tiene más alcaldes, entre ellos, Rosa Romero (Ciudad Real), Antonio Román (Guadalajara) o Teófila Martínez (Cádiz).

Una cuarta parte del Grupo Socialista —conformado por 110 diputados— son funcionarios en servicios especiales o en excedencia. Casi una veintena son docentes, la mayoría en servicios especiales o excedencia. Catorce tienen autorización para dar cursos o conferencias.

En total, 58 diputados socialistas ejercen otra actividad. Formaciones como el PSOE, IU y UPyD han defendido el endurecimiento del régimen de incompatibilidades para limitarlo a la docencia, intervenciones en medios de comunicación, conferencias y seminarios. El PP, al defender al diputado Pujalte, se declaró partidario de ampliarlo.