(Sólo) un alivio para Rato

La fortuna de Rodrigo Rato -27 millones de euros, según los cálculos de Hacienda- está a salvo de embargos. Al menos de momento.

La decisión de la sección tercera de la Audiencia Nacional de reducir un 96% la fianza -de 800 millones a 34- por la supuesta estafa a los accionistas de Bankia alivia a Rodrigo Rato, amenazado de embargo por el impago de 133 millones de euros. Es la cantidad que correspondía al exvicepresidente de los 800 millones que el juez Fernando Andreu impuso como fianza a Bankia, su matriz BFA y cuatro exdirectivos de la entidad, como responsables de un supuesto falseamiento de las cuentas previo a la salida a bolsa.

Bankia adelantó los 800 millones y requirió hace un mes a los cuatro exdirectivos, entre ellos Rato, para que le abonaran su parte. Como no hubo respuesta, Bankia pretendía demandar civilmente a los cuatro morosos para cobrar la deuda.

El pago de la fianza. Rato y los tres exdirectivos afectados por el impago de la fianza pretenden utilizar ahora el seguro de responsabilidad civil contratado por Bankia con Willis para este tipo de casos: algo más de 100 millones de euros para todo el consejo de la entidad. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, intentó hacer algo parecido para abonar su fianza de 16 millones en el caso de las tarjetas opacas pero el juez no lo autorizó, lo que provocó el embargo de bienes del exbanquero.

Bankia quiere presentar el próximo lunes la demanda civil contra sus exdirectivos, aunque en este caso reducirá la cantidad que les reclama de 133 millones de euros a 5,6, gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.

La estafa, viva; la responsabilidad, menguante. La decisión de la Audiencia Nacional alivia el bolsillo de Rato , pero rechaza sus argumentos para escapar de las imputaciones que le persiguen en el caso Bankia. El instructor considera que Rato y otros tres exdirectivos aprobaron unas cuentas falsas para la salida a Bolsa y eso supone una estafa a los 375.000 accionistas particulares que invirtieron sus ahorros (1.800 millones) en una entidad cuya situación financiera era mucho peor de lo que decían sus estados contables. La sección Tercera mantiene que hay indicios suficientes para responsabilizar de esa estafa a Rato y los otros tres exdirectivos, pero rebaja la fianza de 800 millones a solo 34 porque entiende que la cantidad exigible debe responder al daño causado a las 1.380 personas que han reclamado en el proceso abierto en la Audiencia Nacional.

Javier Cremades, abogado que representa a los 1.380 accionistas minoritarios, reclamó en la vista de febrero una fianza de 34 millones, la cantidad que habían perdido sus clientes; Andrés Herzog, abogado de UPyD, pidió por su parte una fianza de 4.000 millones -el supuesto daño causado a todos los accionistas, tanto minoritarios como mayoritarios-. El juez Fernando Andreu optó por una vía intermedia: 800 millones.

Indemnización para perjudicados. "Desde la fecha de la celebración de la vista hasta hoy, se han incorporado a la causa nuevos accionistas afectados por la estafa. La fianza que se ha fijado ahora no alcanza para atender a esos perjudicados", señala Andrés Herzog. "La decisión", añade, "es muy negativa porque deja desprotegidos a la inmensa mayoría de los ahorradores que compraron acciones de Bankia". Cremades considera que la decisión supone "un paso de gigante porque asume que hay serios indicios de criminalidad y, además, confirma el hecho indemnizatorio para quienes han reclamado". "Hasta que se fije la fecha de juicio oral, nuevos afectados pueden seguir adhiriéndose a la causa y la defensa puede solicitar al juez la ampliación de la fianza en función del número de perjudicados", explica Cremades.

El alzamiento de bienes de Rodrigo Rato. Cuatro inspectores de Hacienda se presentaron en la Fiscalía Anticorrupción el pasado 15 de enero para presentar un informe que acusaba a Rato con datos fiscales y patrimoniales de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Según el relato de estos inspectores, el fiscal anticorrupción que les atendió, Alejandro Luzón, alegó que el delito de alzamiento de bienes -ocultar patrimonio o ponerlo a nombre de testaferros para eludir el pago de una deuda- no era posible porque Rato había abonado en octubre de 2014 la fianza de tres millones que le impuso el juez por el caso de las tarjetas black. En aquel mes de enero, el juez todavía no había decidido imponer una nueva fianza a Rato -en compañía de tres exdirectivos- por 800 millones de euros, cosa que hizo dos meses después. La doctrina del Supremo indica que en el delito de alzamiento de bienes no es necesario que haya una fianza ya fijada y por tanto exigible sino que basta con que el sospechoso intente ocultar su patrimonio ante la posibilidad de que se la puedan imponer medidas cautelares de ese tipo.

Rato está encausado en un juzgado de Plaza de Castilla por alzamiento de bienes. Si en los próximos días abona la fianza en el caso Bankia -5,6 millones de euros- no tendrá ninguna deuda exigible en el horizonte. Los expertos consultados por EL PAÍS señalan que este hecho no detendría la maquinaria penal contra el exvicepresidente económico aunque podría reforzar los argumentos de la defensa de Rato ante la acusación de alzamiento de bienes. "Las fechas aquí pueden ser muy relevantes", señala un abogado. "Si Rato intentó ocultar su patrimonio o ponerlo a nombre de testaferros u otras personas cuando ya conocía el informe de los peritos del Banco de España donde se concluía que había un falseamiento de cuentas previo a la salida a bolsa, su riesgo penal en la causa que se acaba de abrir será grande. Ese informe de los peritos, que podía desembocar en la imposición de fianzas, como finalmente ocurrió, se conoció en diciembre de 2014. Si Rato movió capitales o intentó ocultar patrimonio desde entonces, los argumentos de la Agencia Tributaria y la Fiscalía ganarán fuerza y el delito de alzamiento de bienes seguirá vivo.