UPyD abandona nueve casos contra la corrupción por falta de recursos

Los problemas económicos han obligado a UPyD a abandonar nueve de los 25 casos contra la corrupción política en los que el partido estaba personado como acusación popular —entre ellos tres relativos a la familia Pujol y dos sobre la consulta soberanista del 9N— , según anunció ayer Andrés Herzog, portavoz adjunto de la formación. El partido, además, solo podrá invertir 100.000 euros en la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo, frente al millón de hace cuatro años.

La tesorería de la formación de Rosa Díez es la última víctima del mal resultado electoral cosechado en Andalucía, donde UPyD no logró ningún diputado. Ese mal balance, que sirvió de pistoletazo de salida al trasvase de afiliados y candidatos hacia Ciudadanos, no solo ha impedido a UPyD recuperar los 125.000 euros invertidos en la campaña o recibir la subvención pública mensual aparejada a cada diputado autonómico. Además, según confirmó Díez, los bancos han endurecido sus condiciones de crédito como consecuencia de lo que sus ejecutivos consideran como malas perspectivas electorales.

“Seguiremos dando la batalla”, prometió Herzog, también abogado de UPyD, que ha invertido más de 260.000 euros en la lucha contra la corrupción y ahora espera recuperar 15.000 en fianzas y ahorrar en minutas de abogados y procuradores. “Vamos a seguir dando la batalla en Bankia, en el caso Rato [por el exministro]”, subrayó el portavoz adjunto de UPyD, que concurrirá a las elecciones con el lema “Libres”, 144 listas más que en 2011, en las 13 Comunidades y en todas las capitales de provincia menos Soria y Teruel. “Nos vemos obligados a concentrar recursos humanos, económicos y materiales”, siguió. “Confiamos en que los casos sigan aunque no estemos”.

Así, UPyD deja los procedimientos contra Jordi Puyol y Marta Ferrusola, en los que se investigan presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo; contra Jordi y Oleguer Puyol Ferrusola, en ambos casos por presunto blanqueo de capitales; contra Artur Más y otros altos cargos del Gobierno catalán por la celebración del 9N; la impugnación de esa cita; el caso Banca Cívica, que estudia las presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad; las dos piezas del caso Plaza; y, finalmente, la investigación sobre si Navarra incurrió en un rescate financiero ilegal de Volkswagen.