La fiscalía del Supremo acusa a una senadora del PP por quitar multas
Juliana Fernández-Cueva, también alcaldesa, está implicada por un delito de prevaricación
La fiscalía del Tribunal Supremo acusa a la senadora del PP Juliana Fernández-Cueva de un delito continuado de prevaricación por ordenar que se retiraran cuatro multas de tráfico a vecinos de Corral de Almaguer (5.590 habitantes, Toledo), municipio del que es alcaldesa desde 2007. Se enfrenta a hasta diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El ministerio fiscal presentó este lunes una querella contra Fernández-Cueva y su teniente alcalde, Vicente González Ramírez, por supuestas irregularidades en el manejo de las infracciones de tráfico. Según la acusación, la alcaldesa ordenó retirar multas impuestas por la policía local para evitar que los infractores perdieran puntos en el carné porque se lo sugirió su segundo. En su escrito, el fiscal considera que Fernández-Cueva actuó "con la clara intención de favorecer a los sancionados" y en "contravención de lo legalmente establecido" en la ley de seguridad vial.
Dos de las cuatro multas fueron impuestas tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia, la tercera por conducción temeraria y la última por conducir sin el cinturón de seguridad. Los sancionados se acogieron al pago inmediato de la multa para beneficiarse de la reducción del importe al 50%. Después de ello, no sufrieron ninguna pérdida de puntos en su carné.
Un vecino de Corral de Almaguer denunció en la fiscalía de Toledo que la alcaldesa había retirado multas a personas de su entorno o con las que tenía afinidad. El caso ha acabado en la fiscalía del Supremo porque Fernández-Cueva también es senadora y tiene condición de aforada. La querella deberá ser estudiada ahora por la Sala de Admisión del Tribunal Supremo y, si se acepta, se nombrará un instructor para la causa.
El ministerio fiscal cuestiona la conducta de Fernández-Cueva y González Ramírez, "al estimar unas alegaciones inadmisibles, y al reformar una resolución firme en vía administrativa". La fiscalía considera que "dichas resoluciones constituyeron una actuación injusta y arbitraria, al impedir el efecto de una sanción firme en materia de seguridad vial, con base en la exclusiva voluntad de los querellados, por razones que de momento no constan".
