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El PP frena la investigación y la publicidad de la amnistía fiscal

Los populares votan solos en contra de que se publique la lista de defraudadores También rechazan que se cree una comisión de investigación y la reprobación de Montoro

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.Ballesteros (EFE)

Ni comisión de investigación, ni publicación de la lista de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y, mucho menos, reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El PP se ha empleado a fondo en el Congreso para frenar todas las iniciativas de la oposición sobre la amnistía o regularización fiscal y las actividades del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Primero en la Junta de Portavoces el PP frenó en solitario la iniciativa del PSOE para que se cree una comisión de investigación como se ha hecho, a instancias de los populares, en el Parlamento de Cataluña tras conocerse que Jordi Pujol se acogió a la amnistía fiscal. El PP también bloqueó la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta del caso en el pleno del Congreso.

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Casi a la misma hora, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, aseguraba en el Congreso que los datos que maneja el Gobierno son "la repera patatera". Pero ninguno de ellos se conocerá.

Luego en el pleno solo los votos del PP impidieron que se haga pública la lista de defraudadores. Únicamente CiU se abstuvo en este punto porque está a favor de que se hagan públicos los nombres, pero considera oportunista la iniciativa del PSOE y, además, cree que sería preciso cambiar antes la Ley General Tributaria. La reprobación de Montoro sí fue votada a favor por todos los grupos, frente al PP. Fue planteada inicialmente por el PSOE por la filtración a un asesor del ministro del informe de la Agencia Tributaria al juez Pablo Ruz por el caso Gürtel y por las actividades del despacho que fundó Montoro y sus relaciones con la administración.

“Ante los múltiples escándalos en Hacienda y la nula reacción del Gobierno, este Parlamento no puede mirar hacia otro lado”, aseguró el socialista Pedro Saura. Entiende el PSOE que la Ley General Tributaria permite que se remita a una comisión de investigación la “lista de la vergüenza”.

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Pero el diputado del PP Antonio Gallego aseguró que la ley impide la publicación y descalificó por “falsedad, trampa e incoherencia” la iniciativa del PSOE. Para Pedro Azpiazu (PNV) “hace tiempo que tenía que haber dimitido todo el Gobierno”. Montoro no estuvo presente en el pleno.

La polémica base legal

Los socialistas entienden que hay base legal para que el Congreso pueda conocer los datos de la amnistía o regularización fiscal. Citan el artículo 95 de la Ley General Tributaria: “Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido”.

Por contra, el Gobierno considera que no hay base legal porque esa comisión de investigación no sería secreta y el apartado 3 de ese artículo explica que “la Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará falta disciplinaria muy grave”.

Explica el PP que hacer públicos los datos de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 supondría una aplicación retroactiva de la norma que les permitió regularizar su capital. Pero para el PSOE las únicas normas que nunca pueden ser retroactivas son las penales, y este no es el caso.

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