Interior considera compatibles los negocios privados de Villarejo

El informe encargado por el Ministerio del Interior sobre los negocios privados del comisario José Manuel Villarejo, quien, como reveló EL PAÍS en marzo pasado, participa en 12 sociedades con 16 millones de capital, concluye que tales actividades son compatibles con su función policial y no han supuesto “menoscabo” en el cumplimiento de sus deberes. Por ello, renuncia a abrir un expediente disciplinario al citado mando policial.

El informe, elaborado por un inspector jefe de la Policía, considera que los negocios de Villarejo “se pueden incardinar en lo que son actividades excluidas del régimen de incompatibilidades” del personal al servicio de las Administraciones públicas. El texto recuerda la ley de 1984 que fijó tales incompatibilidades para concluir que no existen en el caso de Villarejo, toda vez que “su actividad no supone un menoscabo del estricto cumplimento de sus deberes”, respeta de modo “absoluto” el horario de su puesto de trabajo y “no tiene relación con asuntos relacionados o que se refieren a las actividades que desarrolla en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia”. Por todo ello, cree que “no es preceptiva la incoación del correspondiente expediente disciplinario”, en función de lo que fija la ley de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

Villarejo es uno de los mandos policiales que se reunió con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González en noviembre de 2011 para hablar de la propiedad del ático del que este último disfruta en la localidad malagueña de Estepona. Su nombre ha estado ligado durante los últimos años a diversas investigaciones policiales y judiciales de relevancia mediática (la fortuna oculta de los Pujol, las andanzas de El Pequeño Nicolás, etcétera).

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió a la Dirección General de la Policía la elaboración de este informe el pasado 10 de marzo, el mismo día que este periódico informaba de que Villarejo compaginaba su labor con su participación, en algunos casos como presidente o administrador único, en una docena de sociedades, incluyendo desde firmas de asesoría a otras de promoción inmobiliaria e incluso agencias de colocación de artistas, que suman un capital cifrado en 16 millones de euros. El mando policial aseguró entonces que estaba autorizado por Interior.

Mientras la Dirección General de la Policía tenía en marcha la elaboración del informe encargado por Fernández Díaz, EL PAÍS reveló varios aspectos más de los negocios de Villarejo. El comisario ha mantenido activas sus compañías con al menos cuatro Gobiernos (del PP y el PSOE) y diez ministros del Interior. Aunque en la actualidad su papel se limita a 12 sociedades, en los últimos 30 años ha manejado junto a su familia un total de 46 empresas con presencia en cuatro países (España, Estados Unidos, Uruguay y Panamá) y a disponer de un abultado patrimonio inmobiliario que solo en España supera los 14 millones a precio de coste.

Fuentes policiales recalcan que Villarejo no tiene en la institución ningún cargo orgánico ni de libre disposición, por lo que no se puede adoptar ningún tipo de medidas disciplinarias o de régimen interno sobre él.

Este comisario, según añaden los mismos medios informantes, realiza informes y hace trabajos en exclusiva para Eugenio Pino, subdirector adjunto operativo de la Policía, el número dos del Cuerpo.