La banda de los ladrones del SMS Premium

La banda levantina de los hermanos Simo llevaba diez años robando, mensaje a mensaje. Un goteo de SMS Premium de 1,50 euros, con el que estafaron al menos cinco millones de euros a más de un millón de personas. Muchas no se dieron ni cuenta.

En su último timo, que les llevó a ser detenidos por la Guardia Civil junto a nueve de sus socios, las víctimas recibían un mensaje cebo: “Te estoy escribiendo por Whatsapp, dime por aquí si te llegan mis mensajes”, “Ponte en contacto conmigo para la segunda entrevista de trabajo”. Unas 150.000 personas al mes contestaron pensando que enviaban un SMS normal. Habían picado. Como descubrirían al ver la factura, solo por contestar les cobraron 1,20 euros + IVA. En el Call Center Levante, en Alicante, una decena de trabajadores mal pagados y vigilados por los jefes con una webcam, se ocupaban de enganchar a las víctimas en chats de creciente tono sexual. “Hay quienes se gastaron 1,50 y no volvieron a caer, pero algún chaval, creyendo que estaba ligando, ha llegado a gastar 2.000 euros”, explicó ayer el comandante jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil Óscar de la Cruz en la rueda de prensa de la operación Telemensaje.

Aunque el fraude con mensajería Premium es un viejo conocido de las asociaciones de consumidores, esta es la primera vez que se conocen detalles de cómo trabajan los estafadores. Experta en “ingeniería social”, la banda desarticulada almacenaba datos personales de sus víctimas (como su preferencia sexual o si estaban parados) para resultar más creíbles. Para que el timo funcionase, los supuestos estafadores contaban con la ingenuidad tecnológica de algunos. “Los SMS llegan con un número raro, de cinco dígitos, a mí me llamaría la atención, pero quizás a mis padres no”, explica De la Cruz. También se valían del automatismo hipertecnológico de otros: “Cuando contestas ochocientos Whatsapps al día, mientras haces otra cosa, ni te fijas”.

Contestar a los mensajes engañosos costaba 1,20 euros más el IVA

El entramado constaba de dos operadoras de SMS Premium conocidas —Polindus 21 y Iebolina Tradicional, según ha podido averiguar EL PAÍS— tras las que se escondían una veintena de empresas pantalla, manejadas por testaferros, que blanqueaban el dinero estafado. “No estamos hablando de un par de espabilados que piratean en su casa, sino de delincuencia organizada”, dice De la Cruz sobre los 11 detenidos.

En España hay 213 operadores con unos 1.500 números de SMS Premium asignados según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “El porcentaje de los que usan el servicio con fines exclusivamente fraudulentos es cada vez mayor”, opina Rubén Sánchez, de la asociación de consumidores FACUA. “Hace años, aún había gente que genuinamente quería pagar por ciertos contenidos… Pero hoy, con internet y los teléfonos inteligentes, el negocio Premium legal está de capa caída”. “No hay que criminalizar al sector, ya que en algunos casos sigue habiendo un servicio de valor añadido detrás”, matiza el comandante De la Cruz, “pero es cierto que muchas empresas que empezaron vendiendo politonos o imágenes, vieron que esto ya no tenía sentido y algunos buscaron la salida delictiva”.

Algunas víctimas gastaron 2.000 euros creyendo que estaba ligando

Precisamente en el negocio de los politonos comenzaron hace años los hermanos Pablo Jesús y Antonio de los Santos Simo Escabias. Los supuestos cabecillas, en libertad con orden de presentarse en el juzgado, rondan los 40. No tienen un perfil tecnológico pero contaban con la ayuda del informático Joaquín Sempere. Los tres formaban parte del consejo de Gambrro Technologies, la capa más profunda del entramado, pero no aparecen en ninguna de las otras empresas de la red —Arabbesko, Natural Flavor International, Ocioterapia Levante, Falcon Interceptor— que comparten administradores de paja y direcciones fantasma.

FACUA conocía bien las mañas de la banda. En 2014 denunció a Polindus 21, Iebolina Tradicional y Arabbesko Madrileña a la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones (Setsi). Más de un año después, el expediente sigue sin resolver. “Es kafkiano”, dice el portavoz de FACUA. “Se tarda demasiado en desactivar las líneas fraudulentas y se ponen multas ridículas”. Ejemplo: la CNMC sancionó en 2014 por primera vez a uno de estos operadoradores, Bytel, con 10.000 euros.

En los los registros de las cinco sedes que los hermanos Simo tenían repartidas por la Comunidad Valenciana apareció —además de joyas, dinero y coches de lujo— un carpetón lleno de denuncias dejadas sin respuesta, archivadas u olvidadas en la maraña burocrática. Es un ejemplo de la “pasividad e innacción” gubernamental que denuncia FACUA, que reclama una norma específica para regular los servicios Premium (el código de conducta que lo hacía desde 2009 fue anulado en febrero). “Si estos números estuviesen desactivados por defecto y el usuario tuviese que habilitarlos, consciente y voluntariamente, se acabaría con estos timos de un día para otro”, opina el portavoz de FACUA, para quien además de voluntad política, falta interés de las compañías telefónicas para acabar con la estafa. Estas defienden que suspenden y reportan a las autoridades los servicios fraudulentos en cuanto reciben una queja.

“Los de Polindus son unos piratas, pero las compañías telefónicas tampoco te lo ponen fácil para reclamar”, defiende José Nieto Domínguez, estafado que se suscribió sin ser consciente de ello a un servicio Premium de la banda. Tras varios meses de trámites consiguió que Movistar le devolviese los 1.500 euros timados.

“Que devuelvan el dinero es una solución para el cliente, pero nosotros buscamos que los estafadores acaben en la cárcel”, dice el comandante De la Cruz, al cargo de esta operación que ha llevado tres años. Es una tarea difícil dada la complejidad empresarial y las pequeñas sumas timadas. Quién imaginaría que ese SMS que uno no recuerda haber contestado forma parte de un botín de cinco millones de euros.