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El acento
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Engaño vía SMS

Cómo sacar partido fraudulento a un negocio en claro retroceso

MARCOS BALFAGÓN

El imparable empuje de sistemas de mensajería gratuitos como WhatsApp se ha llevado por delante a los tradicionales mensajes de móvil (SMS), que han entrado en un vertiginoso declive. Sobre todo si se mira la evolución de los últimos cuatro años. Algo, o mucho, ha tenido que ver la crisis económica. Los usuarios han restringido al máximo el consumo de mensajes —por los que las operadoras de telecomunicaciones facturaban sustanciosas sumas cada año— y especialmente de aquellos de valor añadido, los llamados mensajes premium, que conllevan unas tarifas bastante más elevadas.

Es esta una manera de sacarle partido a un negocio que prometía mucho, pero que está en claro retroceso (incluso puede que cerca de la extinción). Lo que no es admisible es que se haga intentando engañar a los usuarios. Porque no siempre el consumidor es consciente de que está pagando una tarifa extra por enviar un mensaje o por bajarse una canción del ciberespacio.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de imponer una sanción a un pequeño operador (la empresa Bytel Projects) por enviar de forma masiva SMS no solicitados que incitaban a llamar o a devolver un mensaje a una numeración determinada, una práctica que se conoce como spamming.

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Los usuarios recibían textos basura de este tipo: “Hola, cari, quiero proponerte una cosa te animas o pasas?”, según recoge la propia Comisión. Cada vez que el incauto usuario respondía, contribuía a llenar las cuentas de Bytel. Esta compañía tenía asignado un número (el 27020) para ofrecer servicios de descarga multimedia, como música o fotos. Sin embargo, en la práctica lo utilizaba para dar servicios de “chat de amistad”, que requieren una suscripción.

Para este tipo de infracciones, la ley prevé sanciones que pueden llegar hasta los dos millones de euros. La CNMC fijó la cuantía definitiva atendiendo al beneficio que, grosso modo, calcula que pudo obtener la empresa en el tiempo en el que desarrolló esa actividad, que fue corto. A tenor de los 10.000 euros de multa, el lucro no debió ser muy elevado. Pero para los afectados fue demasiado.

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