Chaves defiende en el Supremo su gestión en el Gobierno andaluz

Manuel Chaves se enfrenta este martes, a punto de cumplir 70 años, a uno de los tragos más amargos de su carrera política. El que fuera todopoderoso presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años (de 1990 a 2009) y barón indiscutible del PSOE a lo largo de dos décadas tras ganar en la comunidad más poblada de España elección tras elección hasta en seis ocasiones, tres de ellas con mayoría absoluta, está citado a declarar ante el Tribunal Supremo por la responsabilidad que le atribuye en el fraude de los ERE la juez Mercedes Alaya.

La magistrada cree que Chaves contribuyó, al frente del Gobierno andaluz, a diseñar y a mantener las ayudas sociolaborales que ella considera ilegales. La declaración del expresidente ante el instructor Alberto Jorge Barreiro se produce en plena negociación política por la investidura de Susana Díaz, en la que la renuncia de los dos expresidentes andaluces imputados por el Supremo (además de Chaves, José Antonio Griñán) se ha convertido en moneda de cambio. Podemos y Ciudadanos, que más allá del PP son los dos únicos partidos con capacidad para facilitarle a los socialistas los votos que necesitan, condicionan su apoyo a la dimisión de Chaves y Griñán de sus actuales cargos como diputado en el Congreso y senador, respectivamente.

Una vez más la actividad política de Andalucía está marcada por la acción judicial entorno al caso ERE, como ha ocurrido desde que hace cinco años la juez Alaya abriera su investigación sobre las ayudas de la Junta a empresas en crisis. La primera vez que Alaya señaló con nombre y apellido a Chaves fue el 10 septiembre de 2013, justo el día y a la hora en la que los consejeros del primer Gobierno Susana Díaz tomaban posesión de sus cargos en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. La noticia estalló como un obús cuando los nuevos miembros del Ejecutivo se disponían a posar para la primera foto de Gobierno: Alaya extendía la responsabilidad penal del caso a los dos últimos presidentes andaluces y a cinco exconsejeros, a los que acusaba de poner en marcha y alimentar el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de forma arbitraria entre 2001 y 2010.

La Audiencia de Sevilla anuló después aquel auto al entender que la juez no había argumentado, “ni siquiera someramente”, qué hechos concretos constitutivos de delito pudo cometer cada uno de los aforados a los que aludía Alaya. Esos delitos tampoco están concretados ahora, pero el Supremo ha centrado su investigación en prevaricación y malversación, los dos que citaba la magistrada de Sevilla en la exposición razonada que envió el pasado verano al alto tribunal.

Al contrario que Griñán, sucesor Chaves en la Presidencia, que tuvo que responder ante el instructor de las responsabilidades que Alaya le atribuía en su doble condición de consejero de Economía y Hacienda y jefe del Ejecutivo, el ahora diputado socialista tendrá que defenderse solo de las acusaciones que le juez asigna como expresidente. Y estas se centran, sobre todo, en que, según la magistrada, no solo es “imposible” que el máximo responsable de la Junta no conociera que se estaba produciendo un fraude, sino que además, contribuyó a que se mantuviera.

“No se trata de que los Consejeros de Hacienda, Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema puesto en marcha por la Consejería de Empleo, es que participaron la mayor parte de ellos en su instauración y todos ellos en su mantenimiento”, afirma la juez, que cree que había una “directriz política” para que la concesión arbitraria de las ayudas a empresas y que Chaves la “avaló”. El sistema puesto en marcha en la Consejería de Empleo necesitaba, según la juez, de una “coordinación de actuaciones con evidentes implicaciones presupuestarias, que debió tener el consenso del presidente de la Junta”.