Euskadi: autocrítica en toda regla

Dos años después del inicio de la legislatura vasca del Gobierno peneuvista de Iñigo Urkullu, la ponencia parlamentaria de paz y convivencia, llamada a ser clave en la etapa post-ETA, no se ha constituido porque el PSE y el PP exigen como condición previa que la izquierda abertzale reconozca el daño injusto causado por su complicidad pasada con el terrorismo etarra. Le exigen que deje claro ante la sociedad que el terrorismo no tuvo ninguna justificación política cuando en España y en el País Vasco ya se disfrutaba de democracia y autonomía.

Esta exigencia política es paralela a la de todas las asociaciones de víctimas, desde las más radicales, como Covite, a las moderadas como la Fundación Fernando Buesa o José María Corta que, si bien rechazan la venganza y asumen el acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, consideran una obligación ética y pedagógica, pensando en las futuras generaciones, que la izquierda abertzale asuma una revisión crítica de su pasado. Sus portavoces han reiterado en los homenajes a víctimas del terrorismo que mientras la izquierda abertzale no dé ese paso, no podrá normalizar su relación con los diversos colectivos de víctimas.

PSE y PP exigen a la izquierda ‘abertzale’ que admita que ETA no tuvo justificación

Otro tanto sucede con las jornadas relacionados con la memoria. La ausencia de un mínimo compartido, la deslegitimación del terrorismo en democracia, por parte de la izquierda abertzale impide la celebración de actos unitarios, como el Día de la Memoria, e incluso ha impedido que la reciente constitución del Instituto de la Memoria haya sido completa.

La política de reinserción de presos etarras también se ve bloqueada por la indecisión de la izquierda abertzale de realizar una autocrítica sobre su pasado. Previo a la declaración del cese definitivo del terrorismo de ETA, hace más de tres años, la izquierda abertzale adquirió el compromiso de rechazar la violencia en el presente y en el futuro. Pero sigue sin dar ese paso crucial y el colectivo de más de 400 presos etarras, sin el estímulo de la izquierda abertzale, ofrece coartadas a la política penitenciaria inflexible del Gobierno del PP.

De esta situación de bloqueo, que lleva camino de prolongarse indefinidamente si no se desata su nudo gordiano, la revisión crítica del pasado, se ha hecho eco el Gobierno vasco. Un reciente texto, Zuzendu (Rectificar), asumido por el lehendakari Urkullu, constata: “Hay una expresa demanda social y política que apremia a una valoración crítica de la violencia de ETA por parte de su entorno político”. Y le reclama esa “valoración crítica” de ETA porque su “renuencia” a hacerlo “agranda la sospecha de justificación de la violencia padecida o la pretensión de dar por bueno el sufrimiento injusto provocado a las víctimas. Esto, además de resultar inaceptable en la sociedad vasca del siglo XXI tiene efectos éticos, humanos, sociales y políticos destructivos en el presente y futuro”.

La izquierda abertzale pensó en una gestión del final del terrorismo vasco similar a la de Irlanda del Norte, en la que la excarcelación de los presos tuvo el principal protagonismo. Pero los Gobiernos central y vasco así como todos los partidos, a excepción de la izquierda abertzale, han interiorizado que el proceso de final del terrorismo vasco es muy diferente del irlandés. La diferencia sustancial radica en que mientras en Irlanda del Norte se enfrentaban dos organizaciones terroristas, equilibradas en fuerza y desmanes, en Euskadi, tras la entronización de la democracia y el autogobierno, operó básicamente una banda terrorista, ETA, lo que acarreó consecuencias dispares.

En Irlanda del Norte, tras el cese definitivo del terrorismo, hubo un interés común en priorizar la salida de los presos de ambos bandos enfrentados y se relegó la revisión crítica del pasado. En el País Vasco, al existir básicamente una organización terrorista, que terminó atacando a la inmensa mayoría de la población, la autocrítica sobre el pasado terrorista se ha puesto en primer plano.

El modelo vasco de final del terrorismo se aproxima al de las comisiones de la verdad en países como Argentina, Guatemala o El Salvador, según señala el Gobierno vasco. Pero, incluso Irlanda del Norte, casi una década después del cese definitivo del terrorismo, se está replanteando ahora la necesidad de una revisión autocrítica del pasado.

“Si el pasado no se cierra bien, reaparece. Por eso es tan importante abordarlo de frente”, señalan desde el Gobierno vasco. “En Euskadi, mucha gente amenazada por ETA en los años de plomo asume que habrá que terminar por entenderse con una izquierda abertzale que va participando en el juego democrático o incluso que se flexibilice la política penitenciaria para los presos etarras. Pero lo que ninguna víctima está dispuesta a asumir es que su sufrimiento haya tenido una justificación política. Las líneas rojas están en que ETA y quienes les ayudaron políticamente deben reconocer que el terrorismo no tuvo ninguna legitimación en democracia. Es la manera de asegurar que no vuelva a repetirse la tragedia vivida”.

El Gobierno vasco sostiene que si el pasado no se cierra bien, reaparece

El Gobierno vasco precisa que la revisión crítica del pasado terrorista de ETA no debe limitarse a los hechos y a la legitimación del recurso a la violencia. Debe detenerse, también, en capítulos especialmente perversos como fue “la estrategia de socialización del sufrimiento y sus consecuencias”, sobre todo, entre 1990 y 2010, que masificó la amenaza terrorista a una mayoría amplia de la población.

Aunque la responsabilidad principal del terrorismo recae sobre ETA, el Gobierno vasco propone extender el ejercicio de autocrítica a la sociedad y a las instituciones, como el propio Ejecutivo vasco, por “la falta de atención a las víctimas” en el pasado. “Un ejemplo de la necesidad de esta autocrítica es el olvido de las víctimas en los pactos de Ajuria Enea, Pamplona y Madrid”, pese a su importancia política en la lucha antiterrorista. Un gesto, en esa dirección, fue la declaración institucional del Gobierno vasco, en febrero, con motivo del 15º aniversario del asesinato del consejero vasco, Fernando Buesa, en que reconoció que la institución no estuvo a la altura.

También, en otro plano, el Gobierno vasco detecta una responsabilidad por “un ejercicio ilícito de la violencia estatal o por la violencia paraestatal, ya sea en su organización, o por su negación, ocultación de su existencia o por la minimización de violaciones de derechos humanos: desde los excesos policiales, la tortura, o el abuso del poder penal y penitenciario, hasta el terrorismo de organizaciones como BVE, GAL y similares”.

El Ejecutivo vasco pretende regularizar anualmente, a partir del segundo semestre de 2015, unas jornadas de reflexión sobre la revisión crítica del pasado en varios ámbitos sociales.