El gasto farmacéutico no podrá crecer más que el PIB

El gasto farmacéutico de las comunidades autónomas no podrá crecer por encima de lo que aumente el PIB nacional. Es una de las condiciones de un nuevo mecanismo ideado por el Ministerio de Hacienda para ayudar a las comunidades a financiar la compra de medicamentos y las inversiones sanitarias. Adherirse a este fondo o línea de crédito —similar al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con un interés próximo al 0% y a devolver a 10 años— será voluntario y exigirá, entre otros requisitos, el de moderar el crecimiento del gasto farmacéutico.

El PP aprobó este jueves en solitario en la Comisión de Hacienda del Congreso las enmiendas al informe de la ponencia de la reforma de las leyes de financiación de las comunidades y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, entre ellas la que liga la factura en medicamentos al PIB. El resto de grupos rechazaron esta medida porque consideran que invade competencias autonómicas.

El diputado de CiU Antoni Picó señaló que las enmiendas del PP suponen “una injerencia en la gestión de los servicios sanitarios transferidos por la administración del Estado y asumidos desde hace muchos años por las comunidades”. De “recorte encubierto de la sanidad” la calificó este jueves la consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que considera también que el Gobierno pretende controlar la gestión sanitaria de las autonomías.

Este nuevo mecanismo de financiación incorpora sanciones a las regiones que incumplan, como no poder aprobar la cartera de servicios complementaria o no poder prestar servicios distintos de la cartera común. En Andalucía, según recordó la consejera, hay prestaciones extra como el diagnóstico genético preimplantacional, la prueba del talón para más enfermedades de las que contempla la cartera básica o la atención bucodental. “Tendrían que retirarse si una comunidad no cumple con las condiciones que impone el Gobierno”, advirtió.

El gasto farmacéutico creció en 2014 por primera vez después de la introducción del copago que firmó la exministra de Sanidad Ana Mato. Las recetas públicas costaron 9.362 millones de euros, un 2% más que el año anterior. Sin embargo, esa cantidad no corresponde al gasto farmacéutico total. Se trata únicamente a lo que paga la Administración por la parte subvencionada de los medicamentos que se dispensan con receta en las farmacias.

La factura global es mucho más abultada, pero no se conoce. El Gobierno no tiene registros o una contabilidad fiel de lo que se desembolsa por los fármacos que se consumen en los hospitales, cuando es allí donde se administran los medicamentos más innovadores y, por tanto, más costosos. Entre 2005 y 2009, el gasto farmacéutico conocido creció por encima del PIB. Entre 2010 y 2013, los peores años de la crisis, fue al revés. La ponencia se debate la semana que viene en el pleno del Congreso.