Griñán focaliza en la Consejería de Empleo la “barbaridad” de los ERE

El expresidente andaluz José Antonio Griñán defendió este jueves en el Tribunal Supremo que el procedimiento empleado por la Junta para conceder las ayudas a empresas en crisis era legal, pero en algún punto se coló un alto cargo que hizo mal uso de él y repartió ayudas sin control; que él estaba al frente de la Consejería de Economía y Hacienda mientras en la de Empleo se estaba produciendo un fraude, pero nadie le avisó porque los informes de la Intervención general que alertaban de ello nunca llegaron a su mesa. Y que, cuando la Junta detectó irregularidades, las llevó a los tribunales.

Con estos argumentos, extendidos en prolijas explicaciones técnicas durante cuatro horas de interrogatorio, se defendió Griñán de las responsabilidades que le atribuye la juez de Sevilla Mercedes Alaya en el caso de los ERE, la trama que ha puesto en evidencia una falta de control de los fondos públicos en la Junta de Andalucía y que desembocó en la dimisión del propio Griñán en el verano de 2013.

El expresidente insistió este jueves en las explicaciones que ha dado hasta ahora cada vez que ha tenido oportunidad de hacerlo, como en su comparecencia en la comisión del Parlamento Andaluz que investigó el fraude de los ERE. Pero hasta este jueves no había aportado su versión en una sede judicial. Lo hizo en el Supremo, por su condición de aforado como senador, acompañado por su abogado y ante el instructor, los dos fiscales asignados a este caso y los letrados de la acusación popular que ejerce Manos Limpias y de los otros cuatro ex altos cargos de la Junta citados como imputados (el también expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno).

En el alto tribunal Griñán reconoció que lo que ocurrió con las ayudas a empresas en la Comunidad que él gobernó fue “una barbaridad” y que “todas esas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal”, según el acta de la declaración a la que ha tenido acceso este periódico. Pero él ya ha asumido la que le tocaba, que entiende que es la política, que le llevó a dimitir. Además, recordó, la Junta se ha personado como acusación particular, ha pedido imputar a militantes del PSOE y ha cambiado la ley para evitar que vuelva a producirse algo similar.

No quitó hierro a las irregularidades ni dentro ni fuera del tribunal, donde atendió a las decenas de periodistas que le esperaban a la salida. “No hubo un gran plan, pero hubo un gran fraude”, les dijo el expresidente. El senador socialista se mostró “satisfecho” por su declaración, pero advirtió de que “el daño ya está hecho”, en referencia a la marca que la imputación deja en su trayectoria política “Esto ha sido una mala situación para mí y para mi familia, ha sido un calvario”, admitió. A la pregunta de si confía en que se archive la investigación contra él, dijo: “Creo en la justicia”.

Durante el interrogatorio, Griñán se descargó de responsabilidad tanto en su etapa como consejero de Hacienda (de 2004 a 2009) como en la que ocupó la Presidencia (de 2009 a 2013). No señaló a ningún cargo de la Junta (“no me corresponde atribuir responsabilidades”, dijo), pero sus respuestas focalizaron la culpa en la Consejería de Empleo, que en esos años estuvo dirigida primero por Viera y después por Antonio Fernández, al que Alaya mantuvo cuatro meses en prisión por este caso. En Empleo apuntó, sobre todo, al “órgano gestor”, la Dirección General de Trabajo, al mando de la que estuvo casi una década Francisco Javier Guerrero, el alto cargo que concedió la mayoría de las ayudas irregulares.

Griñán insistió en la legalidad de las transferencias de financiación, el mecanismo por el que se entregaban las ayudas a empresas. Según el expresidente andaluz son “un procedimiento adecuado” que, además, se usa “en todas las Administraciones”. El senador socialista sostuvo que el fraude no surge en los presupuestos de la Junta, que es lo que él diseñaba desde Hacienda, sino en la “ejecución del gasto”, que corresponde a la Consejería, en este caso Empleo.

Griñán señaló también a la Intervención General por no detectar las irregularidades ni emitir un informe de actuación, una fórmula de alerta que sí habría llegado al consejero de Hacienda. Citó tantas veces al interventor que la fiscalía le preguntó si este pudo incurrir en dejación de funciones, pero el expresidente lo negó. La Intervención hizo más de una quincena de informes en los que mostraba reparos a cómo se daban las ayudas, pero nunca dijo que el sistema fuera “ilegal” ni que había “menoscabo de fondos públicos”, sostuvo Griñán. Los informes llegaron a su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, pero ella no se los trasladó. En cualquier caso, dijo que esta tampoco “pudo hacer nada” porque nada indicó que había un fraude.