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Los jueces tumban a Cospedal una norma clave de la dependencia

Un defecto de forma anula la orden del catálogo de prestaciones y servicios

Rajoy y Cospedal en un acto este miércoles. Ampliar foto
Rajoy y Cospedal en un acto este miércoles. Efe

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha tumbado una de las normas clave de la aplicación de la dependencia en la comunidad autónoma que preside María Dolores de Cospedal. Los jueces han anulado la orden de 2013 por la que se establece el catálogo de servicios de la ley así como las horas de atención a las que se tiene derecho, la compatibilidad entre las ayudas o el acceso a las prestaciones económicas del sistema.

El fallo, que estima un recurso presentado por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, basa su argumentación en un error de procedimiento de la Administración autonómica. Señala que se prescindió del dictamen preceptivo que debería haber elaborado el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha sobre la orden. “Tal omisión nos ha de llevar a considerarla nula de pleno derecho”, señalan los magistrados.

Fuentes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha han trasladado a este diario que recurrirán la sentencia y que la decisión no tendrá consecuencias: “se tomarán las medidas necesarias para paliar este defecto formal de forma inmediata”.

Los jueces argumentan en la sentencia, con fecha del 9 de marzo, que el “motivo de antijuricidad” debe ser estimado ya que el dictamen del Consejo Consultivo es requerido en asuntos “relativos a proyectos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes así como sus modificaciones”. Y este es el caso, ya que la orden aborda una norma relacionada con un derecho subjetivo “que es competencia exclusiva de nuestra comunidad en asistencia social y derechos sociales” y “afecta a derechos e intereses legítimos de las personas dependientes”, como desarrollo de la legislación básica del Estado.

La regulación que ha anulado el TSJ de Castilla-La Mancha se elaboró como consecuencia de los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó al sistema de dependencia a través del real decreto 20/2012 “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. A raíz de esta norma, y de la modificación de algunos de los artículos de la ley, el Ejecutivo de Cospedal adaptó a su legislación los cambios introducidos e incorporó nuevas medidas.

Algunas han sido fuertemente contestadas por las plataformas de dependientes y sus familiares. Estas entidades destacan, entre estos cambios, la posibilidad de suspender la percepción de la prestación económica para ayudas en el hogar durante un periodo de dos años y medio, la exención del pago si el dependiente fallecía antes de obtener la resolución expresa del derecho a recibir la ayuda o la revisión sistemática de los grados y las prestaciones de dependencia reconocidas. “Nos alegramos de que el Tribunal Superior de Justicia haya anulado una orden que permitía que la Junta de Castilla-La Mancha se desentendiera de los grandes dependientes”, ha manifestado la plataforma.