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La incomprendida vocación de los abogados de oficio

Los letrados del turno se levantan contra los recortes y los retrasos en los pagos Reivindican la importancia de su trabajo para garantizar el Estado de derecho

La abogada Coral Ayora, en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla. Ampliar foto
La abogada Coral Ayora, en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla.

Un abogado de oficio es una persona con la que uno preferiría no haberse encontrado. Si es así, lo más probable es que uno tenga un serio problema, que esté detenido y que no tenga dinero para un letrado particular. Con esos abogados se inicia a veces una larga relación que puede durar años, decenas de atestados, autos y sentencias judiciales. Un abogado de oficio va siempre de un lado para otro mientras engulle una cantidad ingente de papeles.

A las diez de la noche de un día de marzo, Coral Ayora, de 44 años, comienza su cena extra de papeles en una comisaría de Vallecas. La han llamado del departamento de asistencia letrada al detenido del Colegio de Abogados de Madrid para que atienda el primer caso de la guardia. El arrestado es un hombre que estaba esa noche con su pareja pese a tener una orden de alejamiento por agresión. Parece ser que hubo una discusión y alguien llamó a la policía. Los agentes acudieron al domicilio de la mujer y comprobaron que el hombre tenía una orden de alejamiento. Es un delito contra la Administración y eso les permite detenerlo pese a que su pareja no le hubiera denunciado.

Ayora le explica la situación, le dice que tendrá que pasar la noche en el calabozo y que al día siguiente habrá un juicio rápido en los juzgados de Plaza de Castilla. La abogada, con 15 años de experiencia, procede con destreza quirúrgica. En unos minutos hace las preguntas pertinentes, un rápido análisis del caso y saca un diagnóstico y una receta: “Hoy no declares. Mañana te sacamos”.

“Es una situación complicada. Cuando vienes a ver a un detenido que te acaban de asignar suelen estar incómodos. ¿Por qué van a confiar en mí? Tienes que ser muy correcto, intentar crear empatía y tratar de encontrar la mejor defensa posible”, dice la abogada, que ya puede irse a casa a dormir con el móvil cerca por si la vuelven a llamar.

43.000 abogados

  • Actualmente hay unos 43.000 abogados en el turno de oficio, según datos del Consejo General de la Abogacía Española.
  • La inversión del Estado en justicia gratuita es de 4,72 euros al año por ciudadano, según el Consejo General de la Abogacía, que denuncia que esa inversión se ha reducido en más de 43 millones de euros en los últimos años y que la rebaja ha sido a costa de recortar la retribución de los abogados de oficio. El pago medio por expediente ronda los 125 euros, según las cifras del Consejo.
  • Según un sondeo de Metroscopia, el 39% de los abogados de oficio tiene más de 45 años y solo el 14% menos de 35. El 51% son hombres. Los casos del turno no son, para la mayoría (un 65%), su único trabajo como abogados.

Sin dejar de defender a sus clientes, los abogados del turno de oficio —hay 43.000 en todo el país— han iniciado en varios lugares de España protestas para reivindicar una retribución justa que les permita continuar con un trabajo que consideran una vocación mal remunerada. Es imposible determinar el sueldo de estos letrados por las enormes diferencias que existen entre comunidades autónomas, las encargadas de pagarles. Pero el Consejo General de la Abogacía lo cifra en una media de 125 euros por expediente —además del pago por cada guardia de 24 horas, que en Madrid es, por ejemplo, de 115 euros—. Esa retribución no se ha actualizado con el IPC desde 2001, y en algunos casos los abogados tampoco han recuperado el dinero que perdieron con los recortes por la crisis. “Aquí, el 20%. Nadie vive solo del turno. Todos lo compaginamos con el trabajo en nuestro despacho. Si estamos aquí es porque nos creemos esta labor”, dice Ayora.

La letrada sigue de guardia al día siguiente, pero además dedica la mañana a coordinar la oficina de enlace del Colegio de Abogados, una habitación donde estos acuden para pedir togas e información o para utilizar ordenadores. Los juzgados de Plaza de Castilla no parecen un monumento a la Justicia. Aquí no hay frontones triangulares ni mármol blanco, sino luces halógenas y funcionarios con cara de no disfrutar mucho de la luz del sol. El ambiente es espeso, los imputados y las víctimas comparten a veces el mismo pasillo y en todo momento da la sensación de que estamos en una inmensa sala de urgencias en la que cada uno espera a que canten su número para que le atiendan.

Ayora baja a los calabozos para ver al detenido de la noche anterior. En una pequeña sala un grupo de abogados revisa los atestados policiales de sus defendidos. Los acaban de conseguir y solo tienen unos minutos para enterarse de qué delitos se les imputan y decidir qué estrategia escoger. “Es un conflicto que tenemos con las comisarías”, dice Ayora, “y no nos ayuda demasiado para poder hacer una buena defensa”. Se refiere a la controversia sobre la directiva de la UE 2012/13. Esa norma comunitaria permite a los abogados acceder a los atestados en comisaría, pero los agentes consideran que, como aún no se ha transpuesto a la legislación española, no tiene validez. La consecuencia es que muchos abogados solo tienen unos minutos para preparar los casos más urgentes.

“Si estamos aquí es porque nos creemos esta labor”, afirma Coral Ayora

Ayora aconseja a su cliente en el calabozo. Le asegura que hoy se irá a casa y le repite varias veces que se acoja a su derecho a no declarar. “Ok, no digo nada”, promete él. Pero poco después, en el juicio rápido, el detenido desobedece a su abogada y abre la boca en cuanto el juez le pregunta: “Entonces... ¿vivía usted con su pareja?”. “Sí, sí, yo vivía...”. Sin perder la sonrisa, Ayora le interrumpe: “Creo que mi cliente no quiere declarar, señoría”. La pareja del detenido no se ha presentado en el juicio, y el juez pospone la vista.

El teléfono de Ayora sonará dos veces más esa tarde para que acuda a dos comisarías, cada una en una punta de Madrid. Dos casos de hurto. La abogada acaba cansada tras una larga jornada, con tiempo solo para irse a casa, darse una ducha y estar un rato con sus dos hijos. “Por la guardia de hoy cobraré 115 euros. Antes eran 150. Pero sobre todo es que algunos asuntos pueden prolongarse durante años”.

Francisco Javier Lara, presidente de la comisión de justicia gratuita del Consejo General de la Abogacía, repasa algunas diferencias entre comunidades: “En Andalucía, un sumario son 300 euros. En el caso Malaya, que se prolongó siete años, ese dinero es más que insuficiente”. Lara señala, además, un tema que podría parecer menor pero que puede comerse parte de lo que cobran los abogados de oficio: el gasto en fotocopias. “Un sumario puede tener 20 tomos, miles de papeles”.

Suele pensarse que los abogados de oficio son jóvenes e inexpertos. En realidad, solo el 14% de los 43.000 que hay en España tiene menos de 35 años, según una encuesta de Metroscopia (2012). El 39% tiene más de 45 y el 47% cuenta con una experiencia profesional de entre 10 y 20 años. Ayora cree que el trabajo no se reconoce tampoco socialmente: “A lo que es gratis no le das importancia”. La abogada comenta con otros profesionales que, a veces, los clientes esperan otra cosa. “Quieren una madre, una psicóloga, una profesora, una amiga... Y no somos eso”.

Nada de eso parece compatible con un mundo de prisas y miles de papeles que se apilan en los juzgados esperando que algún día alguien le dé a la Justicia unas cuantas capas de pintura.