Una “rectificación a medias” en plena época electoral

El PSOE y los expertos creen que no es suficiente con dar acceso a la atención primaria

El anuncio del Gobierno de su intención de devolver la atención sanitaria en los centros de salud (primaria) a los inmigrantes sin papeles supone una "rectificación a medias" y es "insuficiente porque deja mucho pendiente", señala José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados. "La atención sanitaria hospitalaria también es imprescindible. Hay patologías crónicas que necesitan seguimiento por especialistas de hospital en coordinación con primaria", añade.

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"¿Quién devuelve el dolor y el daño a la salud que se ha infringido durante este tiempo? Es un ejemplo de que se han hecho muchos sacrificios para nada. Deberían ser valientes y reconocer que se equivocaron rectificando completamente", asegura el diputado socialista. El anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en una entrevista con EFE, se produce apenas dos semanas después de la firma del primer gran pacto político del año multielectoral, que tuvo como protagonista la sanidad pública. Todos los partidos, salvo el PP y Ciudadanos, se comprometieron públicamente a restituir el carácter universal de la sanidad española. Lo reafirma hoy Martínez Olmos: "Tras las elecciones generales devolveremos el derecho a todos".

"Supone una rectificación y es un paso positivo que mejora en algo la situación pero no resuelve los problemas", señala Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. "En lugar de hacer anuncios, lo que debería hacer el Gobierno es cambiar el Real Decreto Ley de la reforma sanitaria porque varias de las medidas que contempla no se aplican, como el copago en farmacia hospitalaria o el copago en el transporte sanitario. Este anuncio vuelve a demostrar que la anterior era una política totalmente desastrosa y fracasada, que ha dado más problemas que beneficios", añade.

Es un paso positivo que mejora en algo la situación pero no resuelve los problemas Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública

Sánchez-Bayle ve un claro oportunismo político en el anuncio. "Antes de las elecciones van a intentar dulcificar todas las medidas más impopulares y lesivas". Y advierte de que el Ministerio de Sanidad va a tener que explicar lo antes posible cómo piensa poner en práctica lo que ha anunciado su titular. "Si a una persona no le dan tarjeta sanitaria no se le van a poder pedir pruebas diagnósticas ni hacerle recetas. Será solo la visita del médico, que únicamente puede explorar al paciente, y esa es una situación muy precaria. Si hablamos de problemas de salud pública, como una tuberculosis, es evidente que hay que hacer pruebas".

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Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), asegura que el anuncio es motivo de "celebración" y recuerda que su organización firmó con la predecesora de Alonso, Ana Mato, unos acuerdos que incluían esta medida. "Pedimos que se tratara a todo el mundo en casos de salud pública y de procesos que pudieran conllevar un riesgo para la salud", explica. La OMC, que agrupa a todos los colegios de médicos de España, reiteró esta petición en sus primeras reuniones con el nuevo ministro, apunta Rodríguez Sendín. "Por razones obvias, no se puede discriminar a nadie por razones de salud. Se rompió esa tradición que forma parte del humanismo médico y del humanismo cristiano de forma injustificada, en una decisión poco meditada", añade.

Sobre la firma

Elena G. Sevillano

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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