El juez investiga si están infladas las facturas de Madrid con la red Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga por qué el Gobierno de Madrid, que tiene en nómina decenas de periodistas, acudió al imputado y conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, para que hiciese el seguimiento en Internet de las noticias relacionadas con algunos de sus altos cargos (entre ellos, el presidente Ignacio González). Fuentes jurídicas señalan que también se está analizando el importe de las facturas abonadas a De Pedro (algo más de 100.000 euros en dos años) ante los indicios de que están infladas y por encima del valor del mercado que costarían trabajos similares.

Velasco analiza los pagos a De pedro hechos entre 2012 (aun con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno) y 2014 (ya con González) por sus trabajos tendentes a seguir y, en algunos casos, mejorar, a través de Internet y sus redes sociales, la imagen pública de altos cargos del Gobierno madrileño. No entiende que, teniendo la Comunidad sus propios recursos humanos, hubiese que acudir a las empresas de De Pedro para este cometido. Este es el motivo de la imputación policial y judicial que se cierne desde el viernes sobre Isabel Gallego, directora general de Comunicación de la Comunidad de Madrid.

Según fuentes jurídicas, las adjudicaciones por el seguimiento en la red y mejora de imagen de altos cargos de Madrid superan los 100.000 euros entre 2012 y 2014, y muchas de ellas fueron pagadas mediante contratos menores para eludir la licitación pública. Los pagos partieron, en gran parte de los casos, desde la Dirección General de Comunicación, el departamento que dirige Gallego y que jerárquicamente depende de la consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, que dirige el hombre fuerte del actual Gobierno de González, Salvador Victoria.

Desde el Gobierno de González se asegura que se trata de contratas legales destinadas al denominado clipping o análisis sobre el posicionamiento en Internet de la Comunidad de Madrid y su acercamiento a los ciudadanos. Sin embargo, fuentes jurídicas discrepan y señalan que detrás de esos contratos lo que en realidad subyace es el destino de dinero público, supuestamente inflado (tendrán que determinarlo los peritos), para relanzar la imagen personal de políticos de Madrid, lo que puede constituir un delito de malversación de caudales públicos, entre otros.

Los investigadores de la trama Púnica están analizado las facturas emitidas por la Comunidad a varias empresas del conseguidor De Pedro, entre ella, a Eico Reputacional Management, radicada en Valencia. De Pedro, quien tras estar en la cárcel por orden de Velasco se halla ahora en libertad con cargos, es un experto informático que, entre otras cosas, se dedica a la mercadotecnia en Internet. Y dispone de resortes a través de las redes sociales para tratar de revertir o equilibrar opiniones desfavorables sobre personas.

Las adjudicaciones por este concepto superan los 100.000 euros en dos años

La investigación ha analizado, por un lado, seis contratas de la Comunidad (muchas de ellas salidas del área de Comunicación de la Comunidad) que suman algo más de 60.000 euros. En torno a 20.000 euros por año. En algunos de esos contratos, según los citados medios, se indica claramente que el objeto del mismo es el seguimiento en la red de noticias sobre el presidente González, y en otros se habla de clipping o posicionamiento de la Comunidad en la red. El juez también investiga si, aparte de González, otro de los beneficiarios de esas campañas de imagen ha sido Victoria. Para preguntarle el porqué de estos contratos, el juez Velasco tiene previsto tomar declaración a Gallego después de Semana Santa. Gallego se negó el pasado viernes a declarar como imputada policial ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y comprometerse a hacerlo ante el juez. Desde la Comunidad se apuesta por la honorabilidad de Gallego. Fuentes jurídicas señalan que adjudicar a un tercero contratas para seguir las noticias o mejorar en Internet la imagen de responsables políticos puede constituir un delito de malversación; máxime en un organismo, la Comunidad, que “perfectamente podía haber realizado tales tareas con sus propios periodistas”.

Según los citados medios, Velasco indaga también pagos mensuales de 3.000 euros durante varios años a firmas de De Pedro por hacer seguimientos de actos institucionales en los que ha participado la consejera de Educación, Lucía Fijar, persona de total confianza de Aguirre. El departamento de Educación tiene varios periodistas y lo normal es que fuesen estos, y no contratar el servicio, los que se encargaran de trabajos por los que empresas de De Pedro han percibido dinero. En el caso de la consejería de Figar, fuentes jurídicas no aprecian delitos, aunque entienden que puede haber infracciones administrativas.