Los sanitarios piden a los candidatos que “recuperen” la sanidad pública
El gremio pide derogar el decreto que excluyó a los extranjeros en situación irregular
Con tres citas electorales en el horizonte, las municipales, autonómicas y generales, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad ha pedido a los partidos que asuman 23 propuestas para "recuperar y mejorar" los servicios públicos de salud. El gremio —que representa a 20.000 profesionales del sector— ha presentado este martes un documento. La primera propuesta: derogar el controvertido Real Decreto Ley 16/2012, con el que el Partido Popular (PP) inició su reforma sanitaria hace casi tres años y que excluyó del sistema a los inmigrantes no regularizados.
El pasado 10 de marzo se firmó el primer gran pacto político del año multielectoral. Todos los partidos —menos el PP y Ciudadanos— se comprometieron públicamente a restituir el carácter universal de la sanidad española. Sus representantes suscribieron una declaración institucional, promovida por Médicos del Mundo, en la que se comprometen a incluir en sus programas electorales la "restitución efectiva" del derecho a la salud para todos los ciudadanos que viven en España, independientemente de su situación administrativa. Es decir, que se vuelva a atender a los inmigrantes en situación irregular.
La federación afirma que, además de la derogación del decreto, los candidatos deben comprometerse a frenar las privatizaciones y los recortes económicos (13.000 millones de euros menos en el presupuesto de las diferentes administraciones y 55.000 trabajadores menos desde 2009) para "volver" a un modelo sanitario universal. "Ha habido un retroceso significativo que requiere medidas urgentes para recuperar los servicios perdidos", ha añadido Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la federación, con más de 30 años de antigüedad.
En el documento —que ha sido enviado a los diferentes partidos políticos— se cuestiona el "medicamentazo", que ha excluido más de 400 fármacos de la financiación pública. También, la opacidad de los procesos (por ejemplo, concesiones administrativas o subcontrataciones) y el aumento de las listas de espera.
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