La alcaldesa de Jerez, al borde de la imputación por contratar con Gürtel

La Intervención General del Estado, dependiente del ministerio de Hacienda, ha remitido un informe al juez Pablo Ruz donde relata numerosas ilegalidades en la adjudicación de tres contratos para el montaje del pabellón de Jerez en la feria Fitur 2004. El organismo encargado de adjudicar los contratos, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, estaba presidido por la alcaldesa de Jerez, Maria José García Pelayo (PP).

El concurso negociado sin publicidad convocado para adjudicar los contratos fue ganado por tres empresas de Francisco Correa: Special Events, Dow Town Consulting y Teleanuncio, que se encargarían de montar el pabellón de Jerez en Fitur 2004 y del acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para una muestra turística de la ciudad andaluza.

Tras examinar el expediente, la Intervención General del Estado ha llegado a la conclusión de que el concurso se amañó vulnerando las normas de la Ley de Contratación de las administraciones públicas.

Entre las irregularidades detectadas, la Intervención General del Estado destaca que la documentación administrativa confeccionada por las empresas de Correa para presentarse a los concurso fue “elaborada y entregada” al organismo que presidía la alcaldesa de Jerez, una vez ejecutados los trabajos y transcurrido casi un mes desde su finalización, que era el 1 de febrero de 2004”.

Además, el informe remitido al juez Pablo Ruz apunta la falsificación de documentos públicos para intentar acreditar la legalidad del expediente. “Los diferentes documentos justificativos del expediente administrativo, proposiciones económicas y demás documentación administrativa, incluidos los contratos suscritos, no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos, sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos”.

El relato de las múltiples irregularidades descubiertas en los tres contratos apunta a la responsabilidad de personal del Ayuntamiento de Jerez y del Instituto para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad que presidía la alcaldesa. “Confeccionaron diferentes documentos administrativos y establecieron los procedimientos de contratación con posterioridad a la realización de los trabajos para dar al expediente apariencia de legalidad y de que en la tramitación y gestión de estos actos se había seguido el procedimiento administrativo”.

En consecuencia, concluye la Intervención General del Estado, los contratos adjudicados a las empresas de la red Gürtel “se adjudicaron al margen de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normativa aplicable, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables a la contratación pública”.

Si el juez Pablo Ruz entiende que la responsable de este amaño de contratos es la alcaldesa de Jerez deberá inhibirse dado que la dirigente popular es también senadora y está aforada en el Tribunal Supremo.