Los extorsionados por ETA toman la palabra

La extorsión es el fenómeno más oculto y olvidado de la tragedia acarreada por el terrorismo etarra. Un equipo interdisciplinar del Centro de Etica aplicada de la Universidad de Deusto está tratando de aflorar la verdad oculta de la extorsión a través de una investigación, que finalizará en un año, y de la que EL PAIS ofrece un avance. Como cuestión previa, resulta relevante que, cuando han pasado más de tres años del cese definitivo de ETA, sólo 60 de 220 víctimas de sus extorsiones (empresarios, directivos, profesionales, etcétera) consultadas por los investigadores han accedido a ser entrevistados a fondo; otros 130 lo han hecho anónimamente por Internet. También resulta relevante que la presencia de Gipuzkoa, el territorio de mayor presencia abertzale, sea proporcionalmente menor que la de Bizkaia y que predominen los altos directivos sobre los pequeños empresarios, menos protegidos.

Los investigadores encuentran difícil evaluar el alcance de la extorsión. Un informe policial estima en 9.000 el número de extorsionados de 1993 a 2008, con lo que los investigadores calculan que las víctimas de chantaje en los 50 años de historia de ETA son entre 10.000 y 15.000. La inmensa mayoría pertenecía al País Vasco, pero unas 1.100 personas vivían en Navarra. Es muy difícil calcular cuantos se resistieron al chantaje. Entre los encuestados son mayoría, pero los investigadores reconocen, también, que los que cedieron a la extorsión son más reticentes a hablar.

El estudio concluye que los empresarios y directivos de grandes corporaciones tenían más facilidad para resistirse que los profesionales individuales o los pequeños empresarios, sobre todo, en los municipios con fuerte presencia abertzale. “Muchos directivos de grandes corporaciones se negaron a pagar. Estaban más protegidos al disponer en sus empresas de equipos de seguridad muy profesionalizados y al haber podido compartir su angustia”.

Tampoco es uniforme el cobro de la extorsión en la historia de ETA. Su época más intensa y generalizada, con una presión personalizada y sobre el terreno, se produjo en los años setenta y ochenta. “ETA tenía entonces arraigo social; la figura del empresario estaba desprestigiada y el Estado tenía otras prioridades contra la banda” señala uno de los investigadores. Los papeles de Sokoa, intervenidos a ETA por las Fuerzas de Seguridad en 1986 en su escondite de Hendaya (Francia), contabilizaban 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros) ingresados por la banda terrorista entre 1980 y 1986 como fruto de la extorsión. Pero había una segunda contabilidad, que nunca fue incautada, y que aumenta considerablemente la cifra conocida.

La primera inflexión a la baja en el cobro del llamado “impuesto revolucionario” se produjo entre 1992 y 1993, cuando ETA trasladó al interior de España el aparato de extorsión y fue incautado por la Ertzaintza siendo consejero de Interior Juan María Atutxa. La caída de la recaudación de ETA se reflejó en la bajada de las asignaciones a los presos etarras.

A partir de 1993, ETA modernizó sus métodos con medios informáticos, guías empresariales y comerciales con las que elaboró una base de datos, sin abandonar el chantaje sobre el terreno. El asesinato del empresario guipuzcoano, José María Korta, vinculado al PNV, en agosto de 2000, implica un repunte en el cobro de extorsiones por el pánico que genera. La decadencia se inicia con la detención en Francia, en octubre de 2004, de Mikel Antza y Soledad Iparraguirre, que controlaban el aparato de extorsión. Los datos son relevantes: de 2000 a 2004 la media anual de ingresos por chantajes rondaba los dos millones de euros.

La banda chantajeó en sus 50 años de historia entre 10.000 y 15.000 personas

Los investigadores de Deusto destacan cómo tanto ETA, como las víctimas de la extorsión y el Estado tenían interés en mantener el ocultismo. “ETA quería que se supiese que existía la extorsión, pero no la identidad de sus víctimas; las víctimas tampoco querían que se les identificase y el Estado prefería ocultar su fracaso”, señalan. El resultado fue que no se abrió un debate público sobre los chantajes, los problemas jurídicos y éticos que planteaba a las víctimas el pago de un dinero que financiaba a una banda terrorista. De tal modo que desde la sociedad, empezando por las organizaciones empresariales y el Estado, no hubo ni siquiera amparo.

“Ante la extorsión, la legalidad fue por un lado y la realidad por otro”, señalan los investigadores. La cesión a la extorsión está tipificada en el artículo 576 del Código Penal como grave delito de colaboración con el terrorismo. Pero el Estado lo aplicó en un único caso, el de las hermanas Bruño, condenada una de ellas por la Audiencia Nacional y absuelta por el Tribunal Supremo en junio de 2012 por “miedo insuperable”. El tribunal reconoció, además, que “no había antecedentes”.

“La cuestión de fondo es que al no poder garantizar el Estado la seguridad de las personas extorsionadas, tampoco las perseguía”, señalan los investigadores. “Si alguien denunciaba ante la policía, esta se limitaba a aconsejarle medidas de autodefensa. Pero ni la policía abría un caso ni un juez iniciaba una investigación. La autoridad se abstenía y el Estado reconocía su impotencia. El combate contra la extorsión, por sus dificultades, nunca fue una prioridad del Estado en sus frentes de lucha contra el terrorismo”.

Tampoco las organizaciones empresariales estuvieron a la altura, aunque hay matices. Así, la patronal navarra, ya en la etapa final de ETA, en el mandato de Julio Ayesa, llegó a atender a un tercio de las 1.100 víctimas de la comunidad foral. También en el País Vasco, en el último mandato de Guillermo Zubia, aumentó la receptividad tanto de las víctimas como de la patronal.

Es prácticamente imposible cuantificar el impacto de la extorsión en la economía vasca y navarra. Algunos han especulado con un impacto del 10% del PIB, pero los investigadores no lo asumen. Consideran que el Gobierno central, consciente del fenómeno, se volcó en auxilio de la economía vasca. “Era una manera de compensar las deficiencias del Estado frente a la extorsión”, señalan.

Esta investigación no agota las posibilidades de un fenómeno tan complejo. Por ejemplo, queda pendiente la microextorsión —campañas de recogidas de dinero en pequeños comercios como las de “apoyo a los presos”—, cuya importancia no radicaba en su impacto económico sino en socializar el miedo. O la complicidad de personas vinculadas a la izquierda abertzale en centros de trabajo con los extorsionadores, sobre todo, en los años de plomo.