Decenas de empresarios vascos reconocen que han pagado el 'impuesto revolucionario' porque nadie les protege frente a ETA

El principal motivo para pagar el impuesto revolucionario es el mle do y la seguridad que proporciona la entrega del dinero. Las víctimas de ETA insisten en que nadie que ha pagado ha sufrido un secuestro. Sólo hay una excepción, afirman los propios extorsionados. Javier Artiach fue se cuestrado por ETApm en agosto de 1978 después de haber liquidado el impuesto a ETA Militar y esta organización, siempre según las mismas fuentes, le devolvió el dinero.El impuesto ofrece a sus víctimas una garantía de por vida. ETA, según se concluye del diálogo con sus víctimas, no aspira a cobrar una cantidad regularmente. Negocia una sola vez con la persona seleccionada una determinada cantidad y en muchos casos ofrece facilidades para liquidar la deuda en plazos. Cuando se ha entregado la cifra total, la víctima de la extorsión cuenta con no ser molestada nunca más.

Los papeles de Sokoa se refie ren sobre todo a pequeños y me dios empresarios y comerciantes con negocios vulnerables y difíciles de liquidar para trasladarse fuera del País Vasco.

Pagos a plazos

No se citan profesionales con elevados ingresos económicos y grandes empresas que, en algunos casos, han cedido también al chantaje de ETA. Las fichas confeccionadas por ETA Militar contienen datos concretos sobre los domicilios y teléfonos particulares y profesionales de los interesados, y registran puntualmente las fechas de los supuestos pagos, la cantidad abonada, la deuda pendiente y el lugar en que fue entregado el dinero.

Una de las personas que aparece mencionada con mayor contribución económica es José Luis Baqué, industrial cafetero de Durango (Vizcaya), junto a cuyo nombre se especifica la cifra de 16 millones de pesetas y se da a entender que liquida dos millones y medio al año. Baqué se encuentra de vacaciones en Torremolinos, desde donde mostró ayer su sorpresa por la aparición de su nombre en los documentos de ETA y su contrariedad por la difusión cle este dato. El empresario reconoció haber reconoció haber recibido amenazas y peticiones de dinero de ETA, "como casi todo el mundo en EuskadÍ", dijo, y confesó que ha pagado "alguna vez" el impuesto revolucionario.

Algunas de las víctimas citadas en los papeles de ETA han negado sin demasiada convicción haber pagado el impuesto. La sola mención de los documentos de Sokoa suscitó en un hijo de Mateo Careaga, joyero de Eibar (Guipúzcoa), una reacción fulminante. "No sé nada", indicó, para a continuación señalar: "Era mi padre, que ya ha fallecido. Este tema es muy desagradable". El hijo de Mateo Careaga, que no quiso facilitar ni su nombre, insistió en ignorar el asunto cuando se le pidió que confirmara si el 31 de julio último entregó 300.000 pesetas a ETA Militar en el bar Margot de la localidad vasco-francesa de Sokoa, como parte de una cantidad mayor.

También Tomás Miranda, de Bilbao, citado en los papeles de ETA junto a la cifra de 2.500.000 pesetas, declaró no saber de qué se le estaba hablando. Preguntado si ha recibido aIguna vez amenazas de ETA o peticiones de dinero, Miranda replicó que no son cosas para hablar con desconocidos y menos por teléfono. Ángel Iruarrizaga, un industrial maderero de Igorre (Vizcaya), aceptó mantener una entrevista con este periódico, pero cuando acudió a la cita explicó que no quiere "decir nada sobre este tema ahora", aunque podría hacerlo "quizás más adelante". Iruarrizaga aparece citado como supuesto autor, el 6 de diciembre pasado, de una entrega de dinero sin especificar en la catedral de Bayona. Junto a su nombre aparece la cifra de tres millones de pesetas.

Más tajantes en sus negativas son otras de las supuestas víctimas de ETA que también aparecen citadas, en algunos casos con todo lujo de detalles, en los documentos de Sokoa. El conocido sastre donostiarra Santiago Aizmendi, propietario de dos boutiques en el centro de San Sebastíán, sonrió cuando se le preguntó si estaba dispuesto a confirmar el pago a ETA de dos millones de pesetas, que aparece reflejado en los documentos de la organización terrorista, y dijo: "Es una mentira como un templo". Marcelo Pesquera, contratista de obras de Bilbao que, según se desprende de la contabilidad de ETA, liquida desde 1981 una deuda de cinco millones de pesetas, con una última entrega de 400.000 pesetas el segundo viernes de junio pasado, aseguró que no es posible que en Sokoa apareciera su nombre. "No tengo ningún conocimiento", dijo. "Me deja de piedra, porque no he entregado ni he quedado en entregar ningún dinero a ETA, ni me gustaría hacerlo".

Pasa a la página siguiente

Viene de la página anterior

Finalmente, otros empresarios o comerciantes extorsionados han confirmado haber sufrido el chantaje de ETA y, en algún caso, han expresado su alivio por poder contar la verdad y liberarse de los temores que albergan desde que la policía francesa irrumpió con un mandamiento judicial en la fábrica Sokoa.

Miguel Teus, contratista de obras de San Sebastián, confesó que ha pagado a ETA Militar desde 1977. "No puedo negarlo", dijo. Lamentó que este dato haya llegado a los medios de comunicación. "Me pidieron 25 millones, pero conseguí rebajarlos a 10", explica. "Voy pagando poco a poco, un millón o millón y medio al año, según la situación". Juan María Ormazabal, propietario de la sala de fiestas Golden, de Urretxu (Guipúzcoa), también reconoció que tanto la cifra de cinco millones de pesetas como otros datos que constan en la ficha de ETA Militar corresponden a la realidad. "No se han llegado a pagar los cinco millones matizó, "se dieron seis plazos de 500.000 pesetas". Ormazabal precisa: "De todas formas, éste es un asunto que llevamos entre varios hermanos".

El poder del miedo

La aparente trivialidad con que algunas de las víctimas del impuesto revolucionario hablan de sus entregas de dinero a ETA Militar oculta el miedo a lo que algunos de los contribuyentes no dudan en considerar un poder fáctico en Euskadi, frente al cual el Estado y la policía no ofrecen una protección definitiva.

"Pagué porque tenía miedo, quería seguir viviendo y no podía irme de aquí", confiesa Angel Martínez Goñi, propietario, con otros tres socios, de la cadena de supermercados Eko, de Guetxo (Vizcaya). "Soy cobarde", reconoce Martínez Goñi, "pero sé de otros muchos, más valientes, que también han pagado". El comerciante recibió en 1983 una carta de ETA con matasellos de Irún, exigiéndole el pago de 10 millones de pesetas. No hizo caso, pero al recibir semanas después la segunda carta consultó con otras personas que habían pasado por la misma situación. "Fui allí a discutir con ellos. Logré reducir la cantidad. Quedé en pagar a plazos". No dice cuánto, pero da el asunto por zanjado. Ha liquidado la deuda que asumieron en partes proporcionales sus socios. "ETA lo sabía todo sobre mi", añade. "Me manda ron la carta a casa y tenían mi teléfono. Acababa de comprar un ático en un pueblo costero de Guipúzcoa y también lo tenían localizado. Sabes que los tienes encima y que pueden venir a por ti. Sólo pensar lo que sufrí aquellos meses cada vez que salía de casa, me pongo enfermo". Martínez Goñi se ríe cuando se le pregunta por qué no acudió a la poli cía para pedir protección. "Aquí, en este supermercado, uno de los cinco que tenemos, hemos tenido siete atracos en pocos años. La última vez que fui a comisaría a poner la denuncia y a pedir protección, me ofrecieron tramitarme una licencia de armas. Eso frente a los atracadores. De manera que frente a ETA no hay nada que hacer. Vas allí y esperas que se dignen recibirte. Y hablas, tratas de bajar la cifra, de hacerles ver que no puedes juntar el dinero. Pides plazos. Y cuando acabas te sientes aliviado, ésa es la verdad".