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Una legislatura de rectificaciones en política judicial

El Gobierno ha dado marcha atrás en algunas decisiones clave del ministerio

Alberto Ruiz-Gallardón el pasado 23 de septiembre, cuando dimitió. Ampliar foto
Alberto Ruiz-Gallardón el pasado 23 de septiembre, cuando dimitió.

La revisión de las tasas judiciales para prácticamente suprimirlas —que Mariano Rajoy anunció casi en voz baja el pasado martes— es la última rectificación de un Gobierno que en esta legislatura ha dado varias veces marcha atrás en su política judicial (desautorizando de paso buena parte de lo hecho por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón). Ha ocurrido también en otros ministerios —quizá la mayor rectificación de la legislatura sea la histórica subida de impuestos acometida por un Gobierno que preconizaba lo contrario en su programa—, pero Justicia tiene el récord. Estas son algunas medidas a las que Rajoy ha renunciado. Todas, salvo las tasas, aparcadas antes de llegar a aprobarse:

Tasas. Las tasas judiciales ya existían antes de Gallardón, pero solo las pagaban las empresas con cierto nivel de facturación. El exministro las extendió a todas las empresas y —este fue el principal cambio— a las personas físicas (ciudadanos particulares); además, duplicó las cuantías. Ante las protestas generalizadas, Gallardón suavizó su ley ya en febrero de 2013, apenas dos meses después de que entrara en vigor: rebajó las cuantías y aumentó los grupos de población exentos de pagar. Finalmente, con otro ministro y en año electoral, el Ejecutivo ha decidido eliminar del todo las tasas a ciudadanos particulares.

Ley del aborto. La retirada de este proyecto de ley —cuando ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros y, por tanto, avalado por Rajoy— ha sido una de las rectificaciones más sonoras del mandato del PP. El proyecto suponía acabar con el modelo de plazos (en el que la mujer tiene derecho a abortar sin alegar motivo en las primeras 14 semanas) y regresaba al modelo de supuestos que rigió en España hasta 2010, pero endureciéndolo. Provocó el rechazo de toda la oposición, de asociaciones feministas y de colectivos médicos (y el de la inmensa mayoría de los ciudadanos, según las encuestas). El pasado septiembre, tras guardarla en un cajón durante meses, Rajoy optó por retirar definitivamente la ley y Gallardón presentó su dimisión. El PP solo va a cambiar un aspecto puntual, el que obligará a las menores a contar con permiso paterno para interrumpir su embarazo. Acepta por tanto que siga en vigor el modelo de plazos, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre él.

Elección del Poder Judicial. El PP se comprometió en su programa de 2011 a cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (el gobierno de los jueces), de modo que dejara de estar íntegramente designado por el Parlamento. Los populares proponían que 12 de los 20 miembros del CGPJ fueran elegidos por los propios jueces, una reivindicación histórica de las asociaciones judiciales. A mitad de legislatura el PP renunció a ese compromiso. Gallardón lo justificó en la necesidad de alcanzar un pacto con el PSOE en un asunto central de la política judicial.

Fiscales instructores. Uno de los proyectos más ambiciosos de Gallardón, el Código Procesal Penal que iba a sustituir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) del siglo XIX, ha sido también aparcado. El nuevo ministro, Rafael Catalá, ha optado por una reforma limitada de la LEC. Esa reforma no incluye la principal novedad de aquel proyecto: la cesión de la instrucción, que ahora realiza el juez, a los fiscales. En este caso se ha dado, paradójicamente, una doble rectificación: la cesión de la instrucción a los fiscales era una medida que había sido defendida años atrás por el PSOE y rechazada por el PP; Gallardón, al asumirla en su proyecto, rectificó esa posición del PP -se supone que con el apoyo del presidente Rajoy-, pero al final el cambio de postura no ha prosperado. La instrucción seguirá en manos de los jueces.

Registro Civil. En 2012 Justicia anunció que delegaría la gestión del Registro Civil (que llevan los jueces) en los registradores de la propiedad, y abrió la puerta a cobrar a los ciudadanos por ciertos trámites. Esa medida, que muchos interpretaron como un paso hacia la privatización de ese servicio público y gratuito, fue finalmente descartada en 2014. El Gobierno aprobó una cesión progresiva de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, pero comprometió que la titularidad seguiría siendo pública y todos los trámites gratuitos.