Gomendio cree que el sistema universitario español “no es sostenible”

Quién, cuándo y cómo pagar la Universidad pública. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, enunció este lunes en voz alta estas tres preguntas para pedir que se reabra el debate de la financiación de los campus españoles. El modelo actual “no es sostenible”, dijo. Las universidades, con un millón y medio de estudiantes, se financian principalmente con fondos públicos provenientes de las comunidades autónomas, junto con las tasas que pagan las familias, que se han disparado en los últimos tres años en algunas regiones. 

El ministerio no prevé convocar reuniones con las comunidades ni los rectores para abordar este asunto, según indicó Gomendio. La secretaria de Estado no desgranó a qué cifras o estadísticas se refiere cuando defiende que es “insostenible”, en unas declaraciones que la oposición socialista ve como “la antesala de una nueva reforma o recorte adicional” en educación.

Un portavoz del ministerio remitió a extensos informes internacionales —como Education at a glance, 2014 que elabora la OCDE y que tiene 570 páginas— cuando este periódico preguntó más tarde a qué datos hacía referencia la número dos de Educación, y tampoco aclaró los aspectos concretos en los que la secretaria de Estado basa su crítica.

Gomendio consideró en un desayuno informativo de Europa Press que es una “ecuación imposible” que España tenga “una de las tasas más bajas de matrículas, impuestos bajos y prácticamente ninguna selección [de alumnos] para acceder a la universidad” además de que España tiene “una de las mayores tasas de acceso” de la UE. Esto último contradice los datos del informe de la OCDE al que remiten en su departamento. Según recoge Education at a glance, la tasa de acceso de universitarios en España es del 52%, cuatro puntos menos que la media europea (56%) y seis menos que la media de la OCDE (58%).

En julio de 2014, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, fue más explícito al aludir a este asunto. Consideró que la financiación de las universidades españolas y europeas era “difícil de mantener” con el crecimiento exponencial del alumnado. Y destacó un proceso de “incremento de costes” que, en particular para los sistemas de financiación universitaria exclusiva o muy predominantemente pública, “se lleva mal con unas exigencias de consolidación fiscal”.

El 78,2% del gasto en educación pública superior española depende de fondos públicos, según un estudio de la Fundación CyD, que cifra un porcentaje similar al de los países de la Unión Europea miembros de la OCDE (77,3%) y superior en 10 puntos al global de esta.

Entre 2010 y 2014, los presupuestos de las universidades públicas españolas se recortaron más de 1.500 millones de euros hasta 8.595 millones, según un informe reciente de CC OO. Mientras, los ingresos por las tasas que pagan los estudiantes han aumentado un 17% en ese periodo, de 1.626 a 1.965 millones. Educación aprobó en 2012 un nuevo sistema de precios públicos que permitía a las comunidades autónomas aumentar lo que pagan los alumnos hasta entre el 15% y el 25% del coste total de sus carreras en primera matrícula.

El dinero que aportan las familias puede variar considerablemente de una comunidad autónoma a otra. Un primer curso de Derecho en Madrid, por ejemplo, cuesta este curso casi tres veces más que en Galicia o Medicina es el triple de caro en Cataluña que en Andalucía.

Frente a esto, están las ayudas públicas a las que también hizo referencia Gomendio. España beca “a más del 20 % de los alumnos en la universidad y, por lo tanto, es muy generoso”, dijo. La cuantía de las becas universitarias que reciben los alumnos, no obstante, ha caído 466 euros de media hasta quedar en 2.063 por estudiante y año, con un descenso del 18%. España dedica el 0,11% del PIB a las becas, casi una tercera parte que la OCDE (0,31%) y muy alejado de lo que destina Estados Unidos (0,39%).

La secretaria de Estado aludió ayer a dos modelos muy dispares de financiación. Por un lado, el de Estados Unidos, que “paga el estudiante”, frente a los países nórdicos en los que no se pagan tasas pero hay “un elevadísimo nivel de impuestos” para sufragar el modelo.

Una reciente serie sobre campus publicada por este periódico, La Universidad a examen, recogía las diferencias y semejanzas del modelo español con estos dos ejemplos. Se hacía referencia a que Dinamarca, por ejemplo, gasta por alumno 17.120 euros frente a los 10.600 de España (incluyendo lo que abonan las familias). Allí todos los estudiantes reciben un salario y la ciudadanía soporta una presión fiscal del 48% del PIB frente al 32,5% español. El modelo, no obstante, tiene disfunciones, como los estudiantes que se eternizan en los campus. En Estados Unidos, el endeudamiento de los titulados (hasta 882.000 millones de euros) proviene de un sistema de préstamos que muchos no pueden devolver.

Las universidades españolas reciben la mayoría de sus fondos en función del número de alumnos. Cambiar ese sistema e ir hacia uno en el que se financie por resultados de docencia e investigación es un aspecto en el que parecen estar de acuerdo el ministerio y los rectores. “Más allá de esa fórmula, lo sociedad debe decidir qué porcentaje del trabajo que hacen las universidades se deben financiar con fondos públicos, ese es un debate para el parlamento pero no un aspecto por el que se pueda culpabilizar a las universidades”, defiende José Antonio Pérez, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y experto en financiación.

“Lo que es insostenible para el futuro de un país es ahogarlo mediante la degradación de su sistema universitario y liquidando la igualdad de oportunidades”, considera el socialista José Miguel Pérez, que ve un intento de “recorte adicional” tras la intervención de Gomendio. Francisco García, responsable de Educación en CC OO, añade que España “es uno de los países donde más ha caído el gasto; si algo hace insostenible el modelo son las políticas de recorte del ministerio”.