Independencias de bolsillo

La madre de José Joaquín García se puso a los 68 años a tejer por la independencia de Montecorto. El hijo preparaba, allá por febrero de 2011, el primer acto para exigir que “su pueblo” se separase de Ronda. Buscaba poner la primera piedra de un movimiento ciudadano que respaldara las intenciones políticas de un pequeño núcleo de casas encaladas, a 20 kilómetros de la localidad matriz, en plena serranía malagueña y hasta donde se llega tras recorrer una sinuosa carretera regional. La mujer compró suficiente tela para bordar una bandera de 15 metros que ha desfilado por calles, por ejemplo, de Madrid, Barcelona y Düsseldorf. “Todo por un sueño”, sentencia José. Todo por la segregación. “Y finalmente ha llegado”.

La Junta de Andalucía aprobó el 30 de septiembre que Montecorto, con 700 habitantes, fuera el municipio 102 de la provincia malagueña. Respaldó que tuviera su propio Ayuntamiento, su alcalde, sus elecciones… Por lo mismo luchan también en España, al menos, casi otras dos decenas de barrios de diversas características. Urbanos y rurales; dependientes de grandes y pequeñas ciudades; gobernados por la izquierda y la derecha; con economías agrícolas, de servicios e industriales; y de provincias tan distantes como Bizkaia, Albacete y Cádiz, entre otras. Muchas diferencias que, a la hora de explicar por qué se ansía la independencia, confluyen siempre en los mismos motivos: económicos e identitarios. Dos razones que pugnan después, entre ellas, por liderar el argumentario separatista.

Una veintena de pedanías lucha por tener su propio Ayuntamiento

A ambos factores se recurre en el margen izquierdo del vizcaíno río Ibaizabal, donde sus aguas bañan el barrio de Usansolo. “Siempre hemos guardado las ganas y pasión de ser un pueblo”, reza el manifiesto redactado por Usansolo Herria, la plataforma nacida en 2011 para pedir que este núcleo urbano se independizase de Galdakao. “Pero no es solo una cuestión de sentimiento, también de gestión. Creemos que un Ayuntamiento propio supone mejores servicios y mejor administración de los recursos”, apostilla Iñaki Urgoiti, portavoz del colectivo, que prepararon en este punto de casi 4.000 vecinos, a tres kilómetros del municipio principal, una consulta el pasado 23 de noviembre. Con una participación del 76%, el 89,9% respaldó la desanexión.

Los miembros de la asociación confiaban, antes del proceso, en lograr un amplio apoyo en las urnas, después de que Usansolo Herria concurriera a las pasadas elecciones locales de 2011, recabara casi 1.600 votos y consiguiera dos concejales en Galdakao. “Porque, si el pueblo no quiere la separación, nosotros plegamos velas”, sentencia Urgoiti en conversación telefónica, pocos después de saberse que el PNV abre la puerta por primera vez a la independencia del enclave. Los nacionalistas, que gobiernan las Juntas Generales de Bizkaia, aseguraron en octubre que “pondrán los medios para que se realice y respete el resultado” del referéndum.

En los últimos cinco años han nacido seis localidades

Una posición que dista mucho, en cambio, de la defendida por la misma fuerza política en San Sebastián. Allí, los 1.072 habitantes del barrio de Igeldo recuerdan cómo, en el último año, cambiaron de identidad dos veces. En apenas 60 días. El 17 de diciembre de 2013 se acostaron como donostiarras. A la mañana siguiente despertaron como vecinos de un municipio independiente, después de que la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, aprobase el decreto de segregación. Y volvieron a la cama el 12 de febrero de 2014 como residentes de San Sebastián: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había suspendido cautelarmente la desanexión.

Los magistrados aceptaron las alegaciones del Ayuntamiento matriz. Los 19 ediles del PNV, PSE y PP, contrarios a la segregación, impulsaron un recurso contra la decisión del organismo provincial. “Igeldo tiene encaje como entidad local en San Sebastián”, defiende Eneko Goia, el líder peneuvista en el Consistorio. Mientras tanto, el alcalde donostiarra Juan Karlos Izagirre —de Bildu y antiguo portavoz de la Asociación Itxas Aurre, que pide desde los 90 la separación de Igeldo— opta por no pronunciarse en público, aunque deja hacer a la Diputación en favor de la independencia.

En ese “derecho a decidir” confía Bildu para buscar aliados entre las filas nacionalistas. Sobre todo, después de que el PNV haya respaldado este precepto en los últimos meses, tras convertirse en el eje argumental del desafío soberanista de Artur Mas. Al hablar de independencia, el relato conduce a Cataluña. En esta comunidad, La Canonja ostenta el título de ser el último municipio segregado. Fue en abril 2010, cuando recuperó la autonomía tras 50 años como barrio de Tarragona. “Nosotros emprendimos un proceso donde lo más importante fue el consenso de todas las fuerzas políticas: aquí, en Tarragona y en el Parlament”, reitera el alcalde Roc Muñoz (PSC), oriundo de Villacarrillo (Jaén). Este pueblo de 5.000 habitantes forma parte del grupo de seis nuevas localidades que han nacido en los últimos cinco años, según el registro de Entidades Locales del Ministerio de Administraciones Públicas.

Los expedientes de segregación están regulados en las leyes autonómicas, que fija distintos requisitos para los aspirantes separatistas. Entre otros, que formen núcleos urbanos diferenciados, que sean viables económicamente y que tengan una población mínima. Esta condición se endureció con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, aprobada en 2013, que contempla un mínimo de 5.000 vecinos para crear un nuevo municipio. “Nosotros consideramos que no tiene carácter retroactivo y hemos seguido adelante con los procesos iniciados antes de su entrada en vigor”, subraya Francisco Javier Camacho, director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, donde tramitaron 15 expedientes en 2014.

En Sevilla apoyan las reivindicaciones de barriadas y pedanías como San Martín del Tesorillo (Jimena de la Frontera, Cádiz) o Dehesas Viejas, que se separó en octubre de Iznalloz (Granada). También aspiran a la independencia en Aguas Nuevas (Albacete) y El Palmar (Murcia). Aunque, por ahora, con poco éxito. Pero todos quieren ser lo que ya es Montecorto, ese nuevo pueblo malagueño que iza su bandera azul, verde y blanca. José Joaquín García echa la vista atrás y se emociona: “Cuando discutíamos de algo, los de los pueblos de al lado nos decían que nos callásemos, que ni siquiera éramos un pueblo. En toda esta lucha, por supuesto, también había un motivo de orgullo”.