Hacienda multó a Caja Madrid por uso ilegal de la cuenta de tarjetas ‘black’

Las tarjetas black que utilizaron 79 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, sin control alguno y hasta ahora consideradas opacas al fisco, fueron indirectamente auditadas durante años por el Ministerio de Hacienda a través de las dos cuentas a las que estas entidades financieras endosaron esos gastos —15,5 millones de euros entre 2003 y 2012—. Los inspectores de la Agencia Tributaria descubrieron que al menos el 36% de los gastos de esas cuentas, a las que estaban ligadas las tarjetas, no eran deducibles, como pretendía Caja Madrid con la intención de pagar menos por el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios de 2004, 2005 y 2006, últimos documentados por el ministerio de Hacienda ante la Audiencia Nacional.

Los técnicos de la Agencia Tributaria sostuvieron en sus actas de inspección que muchos de los gastos de las cuentas, a las que estaban asignadas las tarjetas black, carecían de “relación directa e incontestable con la actividad de la sociedad”, por lo que Caja Madrid no se podía deducir esas cantidades para ahorrarse dinero en el pago del Impuesto de Sociedades.

El Ministerio de Hacienda ha remitido diversa documentación del historial fiscal de Caja Madrid al juez Fernando Andreu, que instruye el caso del supuesto uso indebido de las tarjetas por los consejeros y directivos de Bankia y Caja Madrid.

En esa documentación figuran tres actas de conformidad, firmadas en junio de 2013 por el inspector de Hacienda asignado al caso y por José Guirao, director general de la Fundación Caja Madrid, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2004, 2005 y 2006.

En aquellos tres años, Caja Madrid declaró en las dos cuentas asignadas a las tarjetas que utilizaban los consejeros y directivos un gasto de 3,5 millones de euros. Pero los inspectores de Hacienda sólo dieron por buenos 2,2 millones mientras que consideraron “no deducibles” gastos por 1,3 millones.

El trabajo de inspección de la Agencia Tributaria se inició en 2009 y se prolongó hasta 2013, interrumpido varias veces por el proceso de fusión de Caja Madrid con otras siete cajas de ahorro que dio como resultado la creación de Bankia, y por el rescate de la entidad con 22.400 millones de euros del erario.

Las diligencias de los inspectores de Hacienda reclamaron de Caja Madrid todos los detalles de las dos cuentas —6.192.02 y 6.691.10— en las que se contabiilzaron los gastos de las tarjetas. La Agencia Tributaria, según se deduce de la documentacion enviada al juez Andreu, revisó durante años las cuentas asignadas a las tarjetas; admitió la mayor parte de esos gastos que se dedujo Caja Madrid en su declaración del Impuesto de Sociedades, y consideró otros —un tercio aproximadamente— no procedentes ni relacionados con la actividad de la sociedad.

Esas irregularidades detectadas por Hacienda en los gastos de representación que Caja Madrid quería deducirse del Impuesto de Sociedades, han llevado ahora a imputar a 79 consejeros y directivos de esa entidad y de Bankia por entender que utilizaron la tarjeta de manera indebida para compras personales. Aunque el camino para llegar a esa conclusión no ha pasado por el ministerio de Hacienda.

Una auditoria interna de Bankia detectó en el verano de 2014 la utilización de tarjetas de crédito por parte de consejeros y directivos que no aparecían respaldadas por la decisión de ningún órgano, ni amparadas en ningún contrato o norma estatutaria. Bankia puso estos hechos en conocimiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), quién a su vez remitió toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción.

Éste órgano envió al juzgado las actuaciones por considerar que podrían ser constitutivas de un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal de consejeros y directivos de Caja Madrid que ya estaban siendo investigados por otras cuestiones en la Audiencia Nacional.

El juez Andreu abrió una pieza separada en la que empezó imputando a los dos últimos presidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y al director financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj; y acabó imputando a todos los consejeros que utilizaron las tarjetas entre 2003 y 2012 y gastaron 15,5 millones en ese periodo de tiempo.

Fuentes del ministerio de Hacienda señalaron ayer que “las inspecciones no comprueban quién hace el gasto, es una investigación sobre el Impuesto de Sociedades”. “Los inspectores”, aclaran, “quitan los gastos no deducibles, pero no pueden llegar a los autores ni pueden saber que esas cuentas estaban ligadas a una tarjeta. Hacienda hace comprobaciones aleatorias sobre miles de facturas y rechaza una parte de ellas. Solo se pudo comprobar el origen cuando se hizo una investigación informática” por parte del FROB o de Bankia, que llegan hasta el final.

Lujo no deducible

Un inspector de Hacienda se presentó en las oficinas de Caja Madrid el 2 de noviembre de 2006 y redactó una diligencia donde señalaba que la entidad financiera se había deducido 200.000 euros en el impuesto de sociedades de tres ejercicios (2001, 2002 y 2003) por gastos de representación que no cumplían con los requisitos regulados para la desgravación fiscal. El inspector de Hacienda destacaba que no eran deducibles “las atenciones con empleados de la sociedad, lotes de Navidad y obsequios a terceras personas”. Un representante de Caja Madrid firmó aquella diligencia, donde se adjuntaba un listado de gastos (véase imagen adjunta) que Hacienda no admitía como deducibles. Entre ellos figuraban joyas, maletas, vinos y relojes de distintas marcas de lujo. Las mismas marcas que aparecen en varios gastos de algunos consejeros de Caja Madrid y Bankia realizados con sus tarjetas de crédito.