La oscilante línea roja

En los últimos meses, los dirigentes del PSOE han corregido y modulado sus palabras sobre cuál sería el futuro de los senadores y diputados aforados en el Supremo si resultaban imputados. La línea roja para tomar medidas ha ido variando:

» 10 de octubre. El nuevo código ético del PSOE sitúa la raya para el abandono del cargo en la apertura del “juicio oral”.

» 5 de noviembre. La Declaración de Valencia del PSOE abunda en la suspensión de sus diputados “en el momento en el que sean llamados a juicio oral”.

» 6 de noviembre. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, afirma: “Cualquier persona que resulte imputada por el Supremo o por el Tribunal Superior de Andalucía va a tener que dejar el escaño. Y esto se lo explicaré yo a ellos personalmente [...] Me estoy refiriendo a todos. Cualquier persona imputada, cualquiera, dejará su escaño [...] La gente ya no está para palabras. Las palabras no se las cree nadie. La gente quiere hechos”.

» 6 de noviembre. El diputado José Antonio Viera opina: “El código [ético] no depende de Susana Díaz, sino del comité federal. Y este habla de juicio oral”.

» 13 de noviembre. Susana Díaz matiza sus palabras: “Si cuando comparezcan ante un juez se les imputa un delito no me va a temblar el pulso”.

» 21 de diciembre. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preguntado por una hipotética imputación de Chaves y Griñán, afirma: “Les exigiré que asuman sus responsabilidades políticas. Tendrán que abandonar su puesto de diputado [...] Yo no voy a amparar a ningún corrupto, pero tampoco voy a condenar a ningún inocente”.