El juez Castro investiga la compra y las obras de la sede del PP de Palma

El fiscal entrega al magistrado declaraciones que relatan supuestos pagos ilegales

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ha concretado hoy la apertura de una nueva vía judicial sobre los testimonios que relatan supuestos pagos ilegales al PP de Baleares. Horrach ha entregado al juez José Castro, para su incorporación a la causa del caso Palma Arena, abierta en 2008, la declaración de Rodrigo de Santos, condenado por corrupción, que le confesó que una empresa de contratas, Brues, de Antonio Pinal, pagó parte de la compra de la sede de Palma (en 2003) y de su reforma en años posteriores. De Santos fue número dos del Ayuntamiento de Palma y director de la campaña electoral de Jaume Matas en 2003.

Una idéntica versión, ampliada, sobre la adquisición de la sede la ofreció Luis Bárcenas, en público y en sede oficial, ante la comisión de investigación del Parlamento de Baleares sobre la concesión por 635 millones del hospital de Son Espases. El extesorero del PP afirmó que él sabía que el empresario Pinal había ayudado a pagar la sede de Palma y, además, la del País Vasco.

Bárcenas detalló que las aportaciones fueron recabadas por miembros de la cúpula del PP nacional en reuniones con el dueño de Brues y que “otros” empresarios también contribuyeron. El imputado excontable prestó testimonio ante los diputados por videoconferencia, desde la cárcel, el día antes de salir en libertad bajo fianza.

El fiscal Horrach ha entregado en el juzgado la transcripción parlamentaria de las declaraciones de Luis Bárcenas y el informe de los policías del Grupo de Delincuencia Económica que acudieron expresamente a seguir las declaraciones en el Parlamento, siguiendo sus indicaciones. Entre la documentación enviada a Castro por el fiscal constan también las facturas y recibos de las obras en la sede del PP, que fueron reclamadas a la dirección del partido.

La reforma vanguardista de la sede fue diseñada por los mismos arquitectos que Jaume Matas eligió para concluir el velódromo Palma Arena, los hermanos Luis y Jaime García Ruiz, que son autores de la ampliación del Parlamento —pegada al local del PP— y ayudaron al expresidente Matas, actualmente, a decorar su palacete.

Una misma empresa de albañiles de sa Pobla trabajó de manera coincidente en la reforma de la sede del PP y en dos de las viviendas de Matas, el palacete y el piso de la Rambla. El propietario de esta pequeña constructora ya declaró ante el juez.

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El juez Castro y el fiscal Horrach abrieron en su día una de las piezas de la causa-madre del caso Palma Arena para abordar los supuestos pagos ilegales de publicidad en dinero b por parte de gerentes del partido, según el relato y las facturas de un publicista Miguel Romero de Nimbus.

Las investigaciones pendientes se dirigirán a buscar una posible relación clandestina entre los pagos denunciados y los contratos públicos recibidos, por lo que la causa derivaría en presuntos cohechos y prevaricación, delito este que alarga el plazo de prescripción.

El presidente del Gobierno balear y presidente del PP regional José Ramón Bauzá salió al paso días atrás de estas sospechas sobre la financiación del local al asegurar que “no podía dar explicaciones de lo que no sabe”, que él no era presidente del PP en 2003. El PP dijo que paga una hipoteca de 1,6 millones de la compra (con Es Crèdit del Banco popular) y que los 886.000 euros que costaron las obras se sufragaron con donaciones de cargos y cuotas de afiliados.

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