Cerca de 95.000 firmas en contra de las devoluciones ‘en caliente’

Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han entregado este viernes en el Senado casi 95.000 firmas contra las enmiendas que "pretenden dar cobertura legal" a las devoluciones en caliente. La elección de la fecha no ha sido casual: hoy se cumple un año desde que al menos 14 migrantes murieran al intentar alcanzar a nado la costa de Tarajal (Ceuta).

"No entendemos por qué, 12 meses después, no se han depurado responsabilidades: ni a nivel político, ni a nivel judicial", ha lamentado Estrella Galán, secretaria general de CEAR, tras cuestionar las investigaciones "lentas, parciales e inefectivas". Ambas organizaciones —en compañía de otras como Caminando Fronteras, la Coordinadora de Barrios, la Red Acoge y SOS Racismo— han colocado esta mañana, encima de una concertina instalada en el Templo de Debod en Madrid, una rosa blanca por cada fallecido, para exigir celeridad en el proceso.

El 6 de febrero de 2014, unas 200 personas intentaron entrar en Ceuta saltando el perímetro fronterizo, después de sortear a las fuerzas marroquíes. Un grupo numeroso se dirigió hacia la playa y se echó al mar justo junto al espigón que separa España de Marruecos. La polémica se ha centrado en si las pelotas de goma disparadas por agentes de la Guardia Civil causaron la muerte de los migrantes.

El proceso judicial se había paralizado a la espera de conocer si la Audiencia Nacional asumiría o no las investigaciones. El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, que conocía la causa, se había inhibido el 17 de diciembre, al considerar —tras la información facilitada por la Guardia Civil— que las muertes se produjeron en territorio marroquí y que, por tanto, no tenía jurisdicción.

El pasado 29 de enero, sin embargo, la Audiencia Nacional resolvió no aceptar esa inhibición. Así consta en un auto del magistrado Fernando Andreu. La investigación de las muertes se había iniciado a instancias de un grupo de ONG, entre ellas, CEAR y la Coordinadora de Barrios, cuya abogada ha denunciado "dilaciones indebidas".

El Gobierno de Mariano Rajoy tramita una reforma al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. La enmienda del PP introduce una disposición que modifica la Ley de Extranjería y que asegura que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".