El TSJ valenciano investigará a Camps por supuesta malversación en la F-1

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de la Generalitat y diputado popular en el Parlamento autonómico, Francisco Camps, por presunta malversación y prevaricación en la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012. Unas acusaciones que el exdirigente niega.

La querella se dirige igualmente contra la exconsejera Lola Johnson, a la que se acusa además de delito societario, y contra el empresario y expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar.

La Fiscalía considera que existen "sólidos indicios delictivos contra Francisco Camps". Y que éste utilizó a la empresa Valmor Sports como fachada para acordar con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, la celebración del premio. El fiscal Vicente Torres mantiene que el expresidente decidió "interponer una sociedad privada cuando la organización del evento iba a correr a cargo de la sociedad pública Circuito del Motor, dando apariencia de contrato entre particulares, cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento", según un fragmento de la querella que los jueces destacan en su resolución.

El ministerio público también ve delictivo que el entonces presidente convirtiera a la Generalitat en avalista de Valmor, al frente de la cual se hallaba su "amigo" Aspar, prescindiendo "totalmente del procedimiento administrativo establecido al efecto" y "saltándose de manera grosera el ordenamiento jurídico”.

El expresidente ha negado a los medios las irregularidades y ha afirmado que todas las decisiones "contaron con el soporte técnico y jurídico necesario". "La Administración valenciana cuenta con especialistas, juristas y técnicos de primer nivel que no habrían consentido ninguna actuación fuera de la legalidad", ha añadido el exjefe del Consell.

La investigación del fiscal se inició con las denuncias de los socialistas y Esquerra Unida

La admisión de la querella supone, en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que Camps pasa a encontrarse imputado en un nuevo procedimiento judicial por presunta corrupción, en el que deberá personarse con asistencia letrada.

Los cinco magistrados que componen la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior valenciano justifican la apertura del procedimiento ante "la posibilidad razonable de que los hechos narrados [en la querella] hayan ocurrido". "Y que tales hechos puedan ser subsumidos, al menos indiciariamente", "en los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos".

La investigación de Fiscalía se inició con las denuncias presentadas por los socialistas valencianos y Esquerra Unida. En ellas se apuntaba también al actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a su Gobierno en pleno por haber adquirido a principios de 2012 la empresa Valmor por un euro, asumiendo sus deudas, superiores a los 30 millones de euros, e incluyendo una cláusula que exoneraba a los antiguos dueños de eventuales responsabilidades. El ministerio público no se ha pronunciado hasta ahora sobre esta parte de las demandas.

Camps fue juzgado y absuelto por un jurado en el caso de los trajes, una ramificación menor de Gürtel que provocó su dimisión en julio de 2011. El juez de Palma José Castro también halló indicios de delito contra él y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el caso Nóos, pero en aquella ocasión el TSJCV no admitió la inhibición remitida por el magistrado.