Griñán y Chaves abren su batalla judicial en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo dirime en las próximas semanas el futuro político y judicial de la cúpula del PSOE que gobernó Andalucía entre 2000 y 2010. Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como el exconsejero Gaspar Zarrías, esperan declarar en breve pero han acelerado su defensa judicial entregando al instructor de la causa un informe pericial firmado por dos catedráticos de derecho tributario que intenta desmontar los argumentos de la juez Mercedes Alaya.

La instructora del caso ERE destapó un fraude multimillonario en la concesión de ayudas públicas para prejubilaciones y despidos en decenas de empresas. La Junta gastó 850 millones para las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores, de los que 126 nunca estuvieron empleados en las empresas beneficiadas. Además, se pagaron a las aseguradoras comisiones por la tramitación de pólizas que triplicaron los precios de mercado. Ese uso indebido de dinero público enriqueció a intermediarios de las operaciones. La juez sostiene que los gobernantes andaluces idearon un instrumento presupuestario supuestamente ilegal, las “transferencias de financiación”, para conceder las ayudas. Ese mecanismo, aprobado año a año en el parlamento andaluz en las leyes de presupuestos, facilitaba el fraude al eludir el control previo del gasto, según la instructora.

El informe pericial firmado por los catedráticos Juan Zornoza (Universidad Carlos III) y Miguel Ángel Martínez Lago (Complutense) sostiene, basándose en la legislación vigente, que el instrumento de transferencia de financiación es una figura perfectamente lícita cuyo empleo no tiene por qué implicar que se incurra en irregularidades en la gestión de los fondos que se reciben a través de ellas.

Alaya mantiene que el Gobierno andaluz eligió este procedimiento, y no el de las subvenciones como correspondía, “para eludir los controles de la Intervención de la Junta”. El informe pericial asegura que si la Intervención de la Junta de Andalucía “lo hubiera considerado conveniente podría haber ejercido el control del gasto antes de que las operaciones se realizaran, emitiendo los correspondientes informes de control previo”. “Si no lo hizo”, añade, “debió ser porque no advirtió irregularidades relevantes”. Los catedráticos admiten el fraude pero señalan que se cometió “en el momento de la ejecución del gasto por parte de las autoridades competentes de la Consejería de Empleo” sin ninguna relación con la elaboración de los presupuestos por el Gobierno y su aprobación por el Parlamento andaluz.

La juez atribuye a la Junta vulnerar la competencia exclusiva del Estado en materia laboral al dar ayudas sin tener competencia para hacerlo. Los catedráticos aducen que “el hecho de que el Gobierno de la nación no planteara en ningún momento el correspondiente conflicto constitucional de competencias, obliga a dar por bueno el ejercicio hecho por la Junta de Andalucía”.

Alaya basa su tesis incriminatoria en un informe de la Intervención General del Estado de diciembre de 2013 que no ha sido ratificado en sede judicial por los peritos, para que las defensas de los imputados puedan someterlo a contradicción. La juez, pese a las reiteradas peticiones de los abogados de los imputados, fue aplazando este trámite y elevó la causa al Supremo sin hacerlo.