“El Gobierno debió releerse el texto antes de aprobarlo con ilegalidades”

Una mezcla de “cierta satisfacción” y “prudencia” ha recorrido este miércoles las sedes de las tres ONG que recurrieron el nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El Tribunal Supremo dictó el martes una sentencia que anulaba cuatro artículos de la norma, puesta en marcha por el Gobierno en 2014 entre intensos reproches de los colectivos sociales, el Consejo del Estado y el Poder Judicial. Las asociaciones, a la espera ahora de leer las matizaciones que incluyan los magistrados en el texto, han celebrado la decisión judicial. “Había cosas que eran de bulto y se lo comunicamos al Ejecutivo, que no nos hizo caso. Debió releerse el reglamento antes de aprobarse con estas ilegalidades manifiestas”, remacha José Luis Rodríguez, responsable del área jurídica de Andalucía Acoge —grupo que, junto a SOS Racismo y APDHA, iniciaron el proceso—.

El Supremo decidió eliminar cuatro artículos del reglamento que, en opinión de los recurrentes, atentaba directamente contra la dignidad de las personas. Permitían separar a las familias en proceso de expulsión; daban luz verde a la posibilidad de volver a internar a aquellos que ya habían quedado en libertad por orden judicial, “cuando no hubiera cumplido el plazo máximo de sesenta días y por el periodo que le resta hasta cumplir éste”; y, además, reducían los requisitos para llevar a cabo registros con desnudo integral a los extranjeros. Un punto que ya fue objeto de duras críticas por parte del Poder Judicial, que subrayó que dicha medida no ofrecía suficientes garantías jurídicas a los detenidos y que “debería adoptarse adoptarse con el debido control judicial”.

“El Gobierno está pagando ahora las consecuencias de no haber escuchado las aportaciones de la sociedad civil. La redacción del reglamento fue un proceso mal conducido desde el principio”, expone Carlos Arce, portavoz de la APDHA, que ha recalcado cómo este articulado “vulneraba derechos básicos”: “Violaba la intimidad familiar o permitía la arbitrariedad en los registros con desnudo integral”. SOS Racismo, por su parte, también ha celebrado el dictamen del Supremo: “Supone un paso más hacia el cierre de los CIE”. “Aunque nosotros seguimos manteniendo una valoración muy negativa del actual reglamento”, apostilla Arce.

Porque el recurso presentado por las ONG incluía otras solicitudes de anulación, que el Tribunal Supremo no ha aceptado. Como la posibilidad de que los agentes de la Policía Nacional lleven armas de fuego en el interior del centro o que se puedan interrumpir las comunicaciones de los extranjeros. “En ambos casos, aceptamos la decisión judicial. Pero vamos a estar muy atentos al contenido del fallo y a los argumentos que den los magistrados, ya que estos pueden haber matizado cómo debe aplicarse la norma en ambos casos”, apunta Rodríguez.

El reglamento de los CIE constituyó una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en la materia; puesto que, según la Ley de Extranjería, debería haber entrado en vigor en junio de 2010. Tras la salida del PSOE de la Moncloa, el Ejecutivo de Rajoy impulsó en 2012 el desarrollo de esta norma, después de una visita de Jorge Fernández Díaz al CIE de Aluche. Interior consideró “prioritaria” la puesta en marcha de este texto, ya que este tipo de instalaciones juegan un papel fundamental en su política de “lucha” contra la inmigración irregular. De hecho, como reconoció el ministerio en una respuesta parlamentaria, planea construir tres nuevos centros de este tipo.